Si se determina que los descuentos no proceden, tendrían que devolver millones de pesos
Por: Mario Rafael León
Miguel Contreras González, presidente de la Federación de Licenciados en Derecho de Veracruz y abogado de maestros, aseveró que tanto el Instituto de Pensiones del Estado como empresas financieras, deben aclarar porqué se les siguen haciendo descuentos, se ha acreditado que en los documentos que tienen hay firmas falsificadas.
Refirió que existe un convenio entre el IPE y varias financieras en el cual se señala que si éstas otorgan créditos a los trabajadores obtienen un porcentaje de ganancia y que por ello se puede presumir que muchos de los contratos se hicieron sin el consentimiento de los maestros que ahora se quejan de descuentos indebidos.
“En las quejas que hemos recibido, hay maestros que presumen que en los hechos existe la participación de trabajadores de las dependencias gubernamentales quienes también estarían obteniendo un porcentaje de los préstamos ilegalmente otorgados a los maestros y cobrados con descuentos muy elevados”, comentó.
El entrevistado manifestó que ya existen las demandas correspondientes para demandar la nulidad de los descuentos que se aplican y para que a los trabajadores se les devuelvan los recursos que les han sido descontados hasta ahora.
“Si la autoridad ante la cual se han presentado las demandas determina que con las pruebas que tiene procede la nulidad de los contratos, entonces el IPE y las financieras deberán devolver a los maestros las cantidades que hasta ahora les han descontado, se habla ya de varios millones de pesos que deberán devolver en el plazo que les señale la autoridad”, dijo.
Miguel Contreras González indicó que al inició del problema solamente había poco más de 100 trabajadores de la educación con esta queja, pero que ahora se han sumado poco más de 1,500 con contratos falsificados por varias empresas financieras, situación en la que se presume hay personal de las dependencias gubernamentales involucrado.
El entrevistado refirió que si el IPE e incluso la SEV mantienen su postura de continuar haciendo descuentos podrían caer en el delito de omisión porque se las ha notificado puntualmente cuál es la situación con respecto de los contratos y continúa haciendo los descuentos a los trabajadores.
El corresponsal, en el lugar de la noticia.
