Hasta de 10 años de prisión sería la sanción
Por: Itzel Sandoval
El diputado local del PRI, Carlos Antonio Morales Guevara, presentó una iniciativa para sancionar hasta con 10 años de prisión al servidor público que impida el cumplimiento de una Ley, decreto, reglamento o resolución judicial o administrativa, el cobro de una contribución fiscal o utilice el auxilio de la fuerza pública para tal objeto.
Lo anterior, al aplicar la reforma al artículo 320 del Código Penal para el Estado de Veracruz, que establecería una pena mínima de tres años de cárcel y una multa de hasta de cuatrocientas Unidades de Medida y Actualización (UMAS).
El legislador indicó que se debe sancionar el incumplimiento de laudos laborales por parte de ediles y las solicitudes que las administraciones municipales hacen el Congreso para que les autoricen usar recursos federales para el cumplimiento de los mismos.
Indicó que el Informe General de la Fiscalización Superior de los Entes Municipales, entregado en días pasados por titular del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, señala un importe de 470 millones 534 mil 900.31 pesos por concepto de pasivos derivados de laudos laborales, concernientes a 53 ayuntamientos y seis Paramunicipales.
Puntualizó que en el año 2016, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Concepción Flores Saviaga, declaró que el pago pendiente por laudos laborales en la mayoría de los Ayuntamientos ascendía a más de 2 mil millones de pesos.
Destacó que en algunos casos las autoridades municipales inmersas en esa situación, piden autorización a la Legislatura con el ánimo de buscar verdaderamente una posible solución y así estar en condiciones plenas de dar cumplimiento a una resolución.
Sin embargo, otras solamente inician el trámite ante este Poder con la intención de dilatar el cumplimiento de la resolución administrativa y evadir su responsabilidad.
