La petición de ONEA no fue dictaminada
Por: Itzel Sandoval
Dos de los tres dictámenes de solicitudes de juicio político contra el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, fueron aprobados por los diputados de las comisiones unidas de Gobernación y Justicia y Puntos Constitucionales.
Tras ello, la documentación fue turnada a la Secretaría General, a cargo de Domingo Bahena Corbalá, quien deberá entregarla a la Comisión Instructora para dar inicio a la fase, siendo ésta la de emplazamiento hacia el denunciado.
Los dictámenes aprobados corresponden a la denuncia de juicio político presentada por el abogado Jorge Reyes Peralta, como representante del exdirector general de Servicios Periciales, Gilberto “N”, quien acusó al fiscal y sus colaboradores por los presuntos delitos de tortura, asociación delictuosa, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, falsas denuncias y simulación de pruebas en contra de la administración de justicia.
Asimismo, fue dictaminada la solicitud hecha por el ciudadano Francisco Zarate Aviña, excolaborador del exfiscal General del Estado, Luis Ángel “N”, mismo que señaló a Winckler Ortiz por el supuesto delito de desaparición forzada.
Mientras que el dictamen que fue desechado corresponde a la denuncia que presentó la organización civil ONEA, presidida por Iván Gidi Blanchet, quien denunció omisiones cometidas por la Fiscalía en la atención a los casos de víctimas de desapariciones en la entidad.
Es importante destacar que el pasado miércoles las comisiones presentaron los dictámenes y dieron un lapso de 24 horas para aprobarlos o rechazarlos e instruir el juicio político por conducto de la Comisión Permanente Instructora.
Ante ello, la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia determina que tras validarse los dictámenes en las Comisiones, la Secretaría General turnará el dictamen previo y el expediente de las solicitudes a la Comisión Permanente Instructora, acto que se deberá realizar en un plazo de tres días.
En el mismo plazo, la Comisión Permanente Instructora emplazará al denunciado, para que en los siete días siguientes en los que surta efecto la notificación exponga lo que a su derecho convenga, por comparecencia personal o por escrito.
Luego de ello, la Comisión Permanente Instructora practicará las diligencias necesarias con base en las manifestaciones del denunciado, además de notificar personalmente al denunciante y al denunciado la fecha de la audiencia de pruebas y alegatos.
Dicha audiencia se desahogará dentro de diez días posteriores al vencimiento del plazo concedido al denunciado, para manifestar lo que a su derecho convenga.
La Comisión Permanente Instructora dictaminará los hechos denunciados, en el plazo de tres días posteriores a la fecha de la audiencia de pruebas y alegatos, a fin de determinar si procede o no presentar el dictamen con la posible responsabilidad del denunciado ante el pleno.
