Se necesitan al menos 12 pesos per cápita
Por: Itzel Sandoval
El comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM), Javier Martínez Cruz, señaló que los organismos responsables de la protección y cuidado de los datos personales requieren por lo menos 12 pesos per cápita para su correcto funcionamiento.
Manifestó que esto se requiere para generar la atención adecuada a la protección de los datos personales, pues a la fecha en algunos estados se reciben como máximo 3 pesos por persona, cantidad insuficiente para su correcto funcionamiento.
“Se considera que se deben destinar 12 pesos por persona al rubro de transparencia y rendición de cuentas, aunque la realidad es que hay entidades federativas como Colima y Nayarit, que invierten muy pocos recursos y en el caso de Veracruz lo hace por debajo de la media nacional y del Edomex que etiqueta 9 pesos por cada persona”, dijo.
Refirió que ante ello se presentó una propuesta ante el Congreso de la Unión, con la cual se busca realizar las adecuaciones a la Ley de Disciplina Financiera, a fin de que se genere un fondo para destinar mayores recursos a la rendición de cuentas de los sujetos obligados
“Hemos justificado (la propuesta) diciendo que hoy lo que representa la transparencia, cómo no hemos podido avanzar para que todos los municipios, sujetos obligados transparenten los recursos. Hoy te metes a los portales de los 2 mil 457 municipios y no se puede ver cuánto reciben de Ramo 28, Ramo 33, Ramo 23”, dijo.
El integrante comisionado señaló que el papel de los órganos garantes es obligar a los entes que reciben recursos públicos a transparentar su uso, pero no lo pueden hacer, sin una partida económica suficiente
Mencionó que desde hace dos años se presentó la propuesta a la Legislatura nacional, con la que se busca que en los Fondos del Ramo 33 o 28 se incluyan recursos federales que se destinen a los estados, conforme a su población, etiquetados para actividades de transparencia de los órganos garantes.
“Lo que hemos planteado es que el Sistema Nacional de Transparencia debería funcionar con recursos de transferencias federales, a través de un fondo que llegara año con año, a partir de las condiciones de población, de necesidades de sujetos obligados. Se establecería una fórmula en la Ley de Disciplina Financiera, en la que a cada órgano garante le llegarían recursos directamente etiquetados”, expuso.
Destacó que ya se reunieron con los diputados y senadores, de quienes han recibido buena disposición para hacer realidad esta modificación legal y que empiece a ser vigente a partir de 2019.
