Lo presentó quien fuera apoderado legal de Yunes Linares
Por: Itzel Sandoval
El abogado León Vladimir Hernández Ostos presentó ante el Congreso local una solicitud de juicio político en contra del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, así como la mayoría de los legisladores de la LXV Legislatura.
Destacó que la petición en contra del Gobernador y el Secretario de Gobierno se debe a la falta de entrega de ministraciones federales a los Ayuntamientos, así como las declaraciones que han emitido asegurando que el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, realizó acuerdos con “delincuentes”.
Luego de entregar petición en la presidencia de la actual Legislatura mencionó que la fracción primera del artículo 13 de la Ley de Juicio Político del Estado, en donde se ataca el correcto despacho de los entes públicos, en este caso por las declaraciones que han estado haciendo tanto el Gobernador como el Secretario de Gobierno en torno a la permanencia o no permanencia del Fiscal General del Estado.
Puntualizó que las declaraciones que el Gobernador y el Secretario de Gobierno han hecho en contra del Fiscal, a quien públicamente han acusado de supuestamente hacer tratos con “delincuentes” para dejarlos en libertad, refiriéndose así a los duartistas que salieron del penal Pacho Viejo para seguir su proceso en libertad.
Quien fungió como apoderado legal y abogado electoral del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, indicó que para justificar su petición de juicio político presentó notas informativas en donde se da cuenta de las declaraciones que han hecho el titular del Ejecutivo y el Secretario de Gobierno, las cuales aseguró son pruebas que por jurisprudencia se permiten en una solicitud de juicio político.
Acusó que el Secretario de Gobierno dio la orden de no otorgar el 50% de ministraciones federales a los Ayuntamiento y que se les deben entregar en virtud de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Lo acepta expresamente (el secretario) y como sabemos las sentencias de la Suprema Corte no están sujetas a negociación, ese es un ilícito todavía más grave que las propias declaraciones de que el Fiscal se debe ir, que ‘me canso ganso’, además de todas las acciones que han hecho en su contra” expuso.
Mientras que la petición de juicio político en contra de los legisladores, con la excepción de la bancada del PAN, se refiere la votación que hicieron para reformar la Constitución Política local y con ello permitir que el Congreso local pueda asignar y remover al Fiscal con la votación de las dos terceras partes.
“Fracción 44 del artículo 33 la atribución de remover al Fiscal mandando a la Ley la supuesta configuración de las causales graves y si uno se impone del contenido de la Ley Orgánica de la Fiscalía no existen tales supuestos legales, hay una falta en el sistema legal que ellos tienen como legisladores” comentó.
En su opinión, la facultad que los legisladores pretenden generar al querer remover al Fiscal es una duplicidad porque Winckler Ortiz ya está siendo investigado por las dos solicitudes de juicio político que existe en su contra.
