La procuración de la justicia no debe estar dirigida políticamente
Por Mario Rafael León
El voto en contra del juicio político que se sigue a Jorge Wincker Ortiz, fiscal general del estado, no fue por proteger a una persona en concreto y mucho menos guiado por intereses personales o de grupo, fue por resguardar, primero, la autonomía de decisión, por defender la ley que se ha violado en todo el proceso, por luchar y defender que Instituciones tan importantes en los estados como es la Fiscalía no dependan de un poder político, afirma Gonzalo Guízar Valladares, coordinador del grupo legislativo “Del lado correcto de la historia” en el Congreso del Estado.
Mediante un documento al que titula “Yo acuso”, el legislador manifiesta que la procuración de la justicia no puede ni debe estar dirigida políticamente a capricho o a modo y que sería delicadísimo si así fuera porque “si permitimos que violando la Constitución política y todo el procedimiento se destituya a un fiscal y se imponga otro a modo ¿qué pasará cuando se realicen las investigaciones ministeriales? El nuevo Fiscal que se pretendía nombrar: ¿tendrá autonomía de decisión? o, en su caso, si recibe una orden de quien lo impuso ¿se negará a cumplirla? Es importante no olvidar que la fiscalía es una Institución que investiga los delitos y en su caso determina la posible existencia de los mismos y consecuentemente consigna al juez (Poder Judicial) para que se lleve a cabo un juicio contra el o los acusados”.
En el documento, el diputado local indica que tal es importancia de contar con una fiscalía autónoma y que como ciudadano y diputado está consciente que en la actualidad poca credibilidad se tiene en muchas instituciones. “Reconozco que se necesita renovar, reformar, mejorar ¡ya! la investigación e impartición de justicia; no obstante, y a pesar de la comprensible desconfianza social e muchas Instituciones, el proceso de cambio y transformación jamás debe de ir por encima de la ley”, refiere.
Gonzalo Guízar Valladares expresa que está en la mejor disposición de contribuir a transformar y mejorar al país y al estado y que cuando tenga que votar por una reforma de ley que favorezca el bienestar del estado lo hará venga de quien venga la propuesta, pero cuando la razón de Estado y el deber se lo exija, cuestionará y criticará cualquier acto que vulnere y debilite el Estado de Derecho.
