Xalapa, Ver.- “No hay secretos ni maquillajes”, expresó el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco respecto al crédito por 2 mil 500 millones de pesos contratado para hacer frente al pago de obligaciones el pasado mes de diciembre.
Explicó que la línea de crédito otorgada por la institución financiera Banorte fue por un máximo de 4 mil 500 millones de pesos, que no fue necesario ocupar en su totalidad y sólo se dispuso de 2 mil 500 millones de pesos.
Esto, porque el Gobierno Estatal acudió también a sus fuentes de ingresos propios y a los anticipos o adelantos con cargo al presupuesto aprobado para el año 2019, haciendo un ejercicio financiero sano que le permitiera cumplir con las obligaciones de nómina y de operatividad
Recordó que a partir de la toma de protesta del Gobernador del Estado ocurrida en los primeros minutos del día uno de diciembre de 2018, la nueva administración pública estatal inició de inmediato sus labores ordinarias, así como los procesos respectivos de entrega-recepción por cada dependencia y entidad.
En particular, dijo, la Secretaría de Finanzas y Planeación se dio a la tarea de conocer el estado financiero de los caudales públicos, los compromisos de gasto público inmediatos y la revisión de los diferentes rubros de las iniciativas de Ley de Ingresos y del Decreto del Presupuesto de Egresos presentados al Congreso del Estado por la administración que terminó sus trabajos el último día del mes de noviembre de 2018.
Señaló que el estado financiero encontrado puede considerarse plagado de omisiones, pasivos y gastos millonarios de último momento; todos absolutamente comprobables, porque, por una parte, las omisiones han aparecido en la operación ordinaria del gobierno; y, por otra parte, los excesos obran en los registros de operaciones bancarias a cargo de la Sefiplan.
Incluso resaltó que tales movimientos bancarios de último momento por parte del gobierno anterior “en muchos casos rayan en la negligencia o total irresponsabilidad, por no decir ilícitas”, dado que los bienes, haberes y cuentas siguen en revisión como resultado de un proceso que se sujeta a un plazo de responsabilidad administrativa de tres años, contados a partir de la sustitución de funcionarios de confianza y el nombramiento de los nuevos, que han procedido al examen del estado en que se encuentran las finanzas públicas y la administración de los recursos del erario.
