Publican los lineamientos de austeridad para el Poder Ejecutivo del estado
Titulares de las dependencias son responsables de su aplicación
Por: Mario Rafael León
En atención a la Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz, que regula la aplicación de medidas de esta naturaleza en la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control del gasto gubernamental, como política pública del estado, la Gaceta Oficial del Estado publica este martes los “Lineamientos generales de austeridad y contención del gasto para el Poder Ejecutivo del estado libre y soberano de Veracruz”.
Los Lineamientos son de carácter general y observancia obligatoria para las dependencias centralizadas y entidades paraestatales de la administración pública estatal para cumplir los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la administración de los recursos económicos de carácter público de que dispone la entidad. Tienen por objeto establecer los criterios de austeridad, racionalidad, economía, eficacia, control y transparencia en el ejercicio del gasto público que ordena la Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz.
En el documento firmado por José Luis Lima Franco, secretario de Finanzas y Planeación, se establece que los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública del Estado, así como aquellos de las unidades administrativas o sus equivalentes, serán responsables de la aplicación de los Lineamientos Generales en el ámbito de sus respectivas competencias y que deben informar a la Secretaría los ingresos que perciban y los conceptos de gasto ejercidos en el desempeño de sus funciones en el mes inmediato anterior.
También se establece que las percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades deberán ajustarse a los tabuladores aprobados por la Secretaría, con base en lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos y la legislación aplicable. “No se podrá tener un salario superior al del Ejecutivo, salvo en los casos previstos en la Constitución local y la legislación aplicable”, se indica.
En el capítulo acerca de los servicios personales, los Lineamientos establecen que sólo se podrá, previa autorización de la Secretaría, crear las plazas estrictamente indispensables, excepcionales y plenamente justificadas para el ejercicio y operación de programas en materia de Salud, Educación, Seguridad Pública y Protección Civil.
“Durante los dos primeros años de inicio de un período constitucional de gobierno no se efectuarán gastos de adquisición de mobiliario y equipo, salvo el estrictamente necesario para las actividades prioritarias relativas a la prestación y operación de servicios directos a la población afectos a las materias de educación, salud, protección civil y las tareas de naturaleza policial, de tránsito, de transporte público, de prevención y reinserción social o en los centros de internamiento especial para adolescentes, de tipo pericial y cualquier otra de carácter especializado o sustantivo en materia de seguridad pública, de conformidad con las funciones que en esos ámbitos previenen los Lineamientos y demás disposiciones aplicables, previa autorización de la Secretaría”, se indica.
En lo que se refiere a la Comunicación Social y los gastos en Materia de Propaganda y Difusión de las Actividades Institucionales del Poder Ejecutivo, se establece que el gasto neto total asignado para la difusión de propaganda oficial de las dependencias y entidades se sujetará al monto máximo establecido por el Presupuesto de Egresos, cuya asignación no podrá ser objeto de incremento durante el ejercicio fiscal correspondiente.
“Los servidores públicos que desempeñen cualquier empleo, cargo o comisión en las dependencias y entidades serán responsables del cumplimiento de los Lineamientos; en caso contrario, se sujetarán a los procedimientos y a las sanciones previstas en la legislación en materia de responsabilidades de los servidores públicos del estado”, dicen los Lineamientos.
En los capítulos de los mencionados Lineamientos, se establece el actuar para la consolidación de la inversión pública, de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, para los bienes y recursos materiales, de los vehículos oficiales, los servicios generales, la comunicación social y la transparencia y las sanciones.
