Por: Redacción
Xalapa, Ver.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio la razón al Partido Revolucionario Institucional de Veracruz en la denuncia que presentó en contra del entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y el Secretario de Gobierno Rogelio Franco Castán, por la utilización indebida de recursos públicos con fines electorales, promoción personalizada y difusión de propaganda gubernamental en tiempo prohibido, en el proceso comicial 2017-2018.
Por ello, la autoridad electoral federal revocó la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, en el procedimiento especial sancionador con clave TEV-PES-106/2018, mediante la cual consideró inexistentes dichas infracciones atribuidas al Gobernador y su Secretario de Gobierno y pidió revalorar el dictamen y actuar conforme a Derecho.
En el expediente SUP-JE-47/2018 se indica que el PRI de Veracruz solicitó que se revoque la sentencia impugnada, con la finalidad de que se determine la actualización del uso indebido de recursos públicos, así como la promoción personalizada y la propaganda gubernamental en periodo prohibido por parte de los sujetos denunciados, para favorecer al entonces candidato a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del gobernador Yunes Linares.
Las pruebas del PRI de Veracruz
El equipo legal del Partido Revolucionario Institucional argumentó que, en el marco de la campaña electoral, el Gobernador de Veracruz, contrariamente a lo establecido en los artículos 134 de la Constitución General, 79 de la Constitución local, así como el diverso 321 del Código Electoral de esa entidad federativa, los sujetos denunciados realizaron actos que constituyen un uso parcial de los recursos públicos violentando con ello el principio de neutralidad.
Ello a partir de la difusión de diversos videos en los que posiciona su imagen, y mediante los cuales realza sus virtudes, faltando así a la previsión constitucional referente a la suspensión de toda propaganda en cualquier medio de comunicación, que pudiera constituir promoción personalizada.
Dijo que los videos que se difunden a través de redes sociales evidencian proselitismo político, ya que, mediante ellos, el Gobernador se promociona y señala actos que afectan al PRI, para beneficiar indirectamente a Miguel Ángel Yunes Márquez, entonces candidato por el Partido Acción Nacional a la gubernatura en Veracruz.
De acuerdo con el PRI, con la promoción personalizada en fechas prohibidas, se buscaba influir en el ánimo del electorado.
Además, los videos difundidos por el Gobernador no tienen el carácter institucional e informativo, sino que buscan tener un impacto mediático y publicitario, generando promoción personalizada a favor de dicho funcionario público.
Respecto al uso de recursos públicos se señaló que tanto el Gobernador de Veracruz, como el Secretario de Gobierno de la misma entidad, violentaron lo establecido en el artículo 134 de la Constitución General, así como en el 79 de la Constitución local, ya que no aplicaron los recursos públicos bajo su responsabilidad de manera imparcial.
