Por: Alejandro García
Xalapa, Ver.- De acuerdo con la tercera entrega del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2017 que la Auditoría Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados cuatro municipios mal utilizaron las participaciones federales en pago a salarios indebidos y obras no ejecutadas por 205 millones de pesos.
Se trata de los municipios de Boca del Río, Xalapa, Coatzacoalcos y Córdoba, que en su momento estuvieron gobernados por Miguel Ángel Yunes Márquez, Américo Zúñiga, Joaquín Caballero y Tomas Ríos Bernal.
De acuerdo al tercer informe de resultados de la Auditoría Superior de la Federación, en la revisión a las participaciones federales, se encontraron falta de documentación justificativa de obras, pagos de nómina sin comprobar. En general la auditoría observó que no realizaron una gestión eficiente y transparente de los recursos de Participaciones Federales 2017, apegada a la normativa que regula su ejercicio.
En total la suma de los tres informes financieros que emitió la Auditoría Superior de la Federación (en octubre, febrero y junio) suman irregularidades por 557 millones de pesos en el manejo de fondos federales de parte de los municipios.
En el caso del municipio de Córdoba se determinaron recuperaciones probables por 169.5 millones de pesos, de los cuales 149.3 millones de pesos corresponden a la falta de las bases de datos de las nóminas pagadas por el municipio.
La auditoría determinó recuperaciones probables por 30 millones de pesos por la falta de documentación justificativa y comprobatoria de los egresos realizados en el ayuntamiento de Coatzacoalcos.
En el caso de Boca del Río, la Auditoría Superior de la Federación observó que se incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en destino de los recursos y obra pública, así como de la Ley Gasto, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 5.3 millones de pesos.
Mientras que, en la capital del Estado, la ASF determinó recuperaciones probables por 463.1 mil pesos, las cuales se integran por 447.4 miles de pesos por falta de documentación justificativa y comprobatoria y 15.7 miles de pesos por la falta de aplicación de la pena convencional por el retraso en la entrega de los bienes.
