Se realizaron ocho visitas a igual número de Ceresos
Por: Mario Rafael León
La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que Veracruz y ocho estados más del país obtuvieron resultados negativos en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciara 2018; la media nacional para los Centros de Rehabilitación Social (Ceresos) fue de 6.45 puntos porcentuales, Veracruz obtuvo 5.87 puntos.
La investigación realizada por la CNDH se basó en una muestra de 165 centros penitenciarios de gobierno locales (de un total de 280 que existen en el país) y con una población total de 18 mil 403 personas privadas de la libertad.
Los principales hallazgos detectados en los 165 centros visitados determinan que en el 76 por ciento de los Ceresos estudiados no se separan procesados de sentenciados; en el 72 por ciento de los Ceresos existen deficiencias en condiciones materiales, equipamiento e higiene en áreas de dormitorio; en un 84 por ciento existe insuficiencia de personal de seguridad y custodia. En un 53 por ciento de los centros se realizan actividades ilícitas; en el 70 por ciento de éstos falta actividades laborales y de capacitación para el trabajo. También se identificaron como deficiencias importantes la falta de prevención y atención de incidentes violentos (48 por ciento), cobros (40 por ciento), así como las condiciones de autogobierno/cogobierno (45 por ciento)”, indica el informe.
En la mayoría de los centros visitados, indica la CNDH, no se cuenta con algún programa para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria eficiente (70 por ciento) prevaleciendo deficiencias como la inexistencia o insuficiencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del Centro (36 por ciento).
En el 31 por ciento de los centros visitados se pudo observar un bajo control en el ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores públicos; también insuficiencia en actividades educativas (33 por ciento) y deportivas (38 por ciento), deficientes condiciones de cocina y comedores en el 46 por ciento de las Ceresos, así como alimentación en el 42 por ciento; un inadecuado control de ingreso de visitas tanto familiar como íntima, uso de los teléfonos para una adecuada vinculación con el exterior dando paso al autogobierno, situación que vulnera el control que debe tener la autoridad sobre el Centro, favoreciendo la violencia dentro del mismo (48 por ciento).
El estado de Guanajuato fue el mejor evaluado en el funcionamiento de sus centros penitenciarios (8.21 puntos porcentuales), le siguió Querétaro con el mismo porcentaje; Coahuila con 8.1 puntos porcentuales.
Los estados que salieron con calificación reprobatoria fueron ocho: Veracruz (5.87 puntos), Sinaloa (5.62), Zacatecas (5.53), Hidalgo (5.28), Guerrero (5.17), Nayarit (4.99), Baja California (9.45) y Tamaulipas (4.92 puntos porcentuales).
Para conformar la ficha técnica de Veracruz, se realizaron ocho visitas a igual número de Ceresos del 9 al 13 de abril y del 12 al 15 de noviembre de 2018. Se incluyeron en las visitas a Ceferesos y prisiones militares.
El Cereso de Villa Aldama (ubicado en el municipio del mismo nombre) obtuvo una calificación de 6.87 puntos (foco amarillo), tiene una capacidad para recibir a 3 mil 78 reclusos, pero actualmente tiene una población de 2 mil 36 personas, todas ellas varones.
Durante la supervisión la CNDH determinó que se deben tomar en cuenta los aspectos de deficiencia en los servicios de salud y en atención de internos en condiciones de aislamiento.
También se detectó insuficiencia de personal de seguridad y custodia (condiciones de gobernabilidad), insuficiencia en actividades laborales, de capacitación, educativas y deportivas, así como deficiencias de atención a adultos mayores y población indígena.
Los aspectos positivos en Villa Aldama fueron la supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular, prevención de violaciones a derechos y de atención en caso de detección, higiene en cocina y comedores, así como higiene en talles y áreas deportivas.
Destaca en la ficha que en el reclusorio de Villa Aldama no existen cobros (extorsión y sobornos), existe capacitación al personal penitenciario. También existe integración del expediente técnico jurídico, atención a reclusos con discapacidad y con VIH/Sida.
