Brasil: terapia y fe para adictos
El proyecto aprobado este miércoles lleva de cinco a ocho años la pena mínima para traficantes que lideren organizaciones criminales. Además, fortalece el papel de las comunidades terapéuticas en la recuperación de consumidores
A días de que el Supremo Tribunal brasileño se pronuncie sobre la despenalización del consumo y la tenencia de mariguana, el Senado aprobó cambios en la política de estupefacientes que endurecen las penas para traficantes e introducen la internación forzada de adictos en centros privados y religiosos.
El proyecto aprobado este miércoles lleva de cinco a ocho años la pena mínima para traficantes que lideren organizaciones criminales. Además, fortalece el papel de las comunidades terapéuticas en la recuperación de consumidores. En muchos casos, son espacios ligados a instituciones religiosas, que pasarán a recibir donaciones particulares y fondos públicos para su funcionamiento.
El proyecto cuenta con el visto bueno del gobierno del presidente ultra derechista Jair Bolsonaro, a manos de quien llegará para ser sancionado. Especialistas en política de drogas criticaron los cambios, y dicen que el proyecto avanza en sentido contrario al consenso en la ciencia para desalentar el consumo y tratar la salud de consumidores. “Es un perfecto ejemplo de cómo este gobierno busca resolver asuntos complejos con soluciones simples y erradas”, afirma Leon Ribeiro, psiquiatra experto en salud pública y ex miembro de la Secretaría Nacional de Política sobre Drogas (Senad).
Hasta ahora, para que la internación se produzca, debe haber un visto bueno del consumidor, pero con el nuevo proyecto, basta la recomendación de algún familiar o un funcionario público del área de salud o asistencia social para que sean ingresados directamente a la clínica especializada.
“Experiencias de este tipo fracasaron y dañaron la credibilidad de los profesionales de la salud para ayudar a la población usuaria de drogas, que va a querer huir de ellos. Es un intento de traer el castigo y la pérdida de libertad como solución para quien consuma estupefacientes”, opinó Ribeiro. Otras de las críticas es la falta de una distinción clara entre un usuario y un traficante, dado que el proyecto aprobado por la Cámara alta no establece parámetros objetivos sobre la cantidad de droga que caracteriza a cada uno.
El momento de la aprobación no es casual. El gobierno del ex militar ultra conservador busca que actúe como un factor de presión sobre la Corte Federal, que el 5 de junio próximo se pronunciará sobre la constitucionalidad de la tenencia y consumo de la mariguana.
Fuente: Milenio
