Afirma su abogado que demostrará inocencia
El ex abogado de Javier Duarte de Ochoa, Marco Antonio del Toro Carazo confirmó, en una carta enviada a medios de comunicación, que el vídeo revelado anoche por el periodista Ciro Gómez Leyva es apenas una parte de todo lo que posee su excliente contra funcionarios de la pasada administración.
Asimismo, aseguró que todo el material que lograron recabar para demostrar en su momento la “inocencia” del ex gobernador, está bajo absoluto resguardo.
Del Toro Carazo hizo llegar, esta mañana, la misiva a medios de información, réplica exacta de la carta que mandó al medio nacional, donde además de confirmar que él fue quien le pidió a Duarte que grabara el vídeo, las presiones que hiciera el gobierno federal con amenazas directas a la familia del ex mandatario, terminaron por optar el abandono del caso.
A continuación, la carta íntegra:
A los medios de comunicación:
Me permito transcribir la carta que ayer por la noche le hice llegar al periodista Ciro Gómez Leyva y su equipo de colaboradores con relación a las revelaciones que hiciere el ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa:
“Hice público el 16 de marzo de 2018 mi decisión de dejar la defensa del Licenciado Javier Duarte de Ochoa. Por secrecía profesional no proporcioné detalles precisos de los motivos que me llevaron a tomar esa decisión. Únicamente señalé que ello obedeció a razones ajenas al cliente. Agregué que deseaba que prevaleciera el Estado de Derecho por encima de cualquier otra circunstancia, sin que ello se viera entorpecido por otras motivaciones o prácticas viciadas (en esas líneas se asoma, como se narra líneas abajo, lo substancial de lo ocurrido).
Sigo sujeto a la secrecía profesional. Sin embargo, me encuentro autorizado para confirmar categóricamente lo que Javier Duarte de Ochoa les reveló. Es cierto que realizó una videograbación -el 15 de abril de 2017-, de manera previa a que fuera “supuestamente detenido” en Guatemala. Confirmo también que es cierto lo que Javier Duarte les manifestó a ustedes en el sentido de que fui yo quien le pidió hiciera dicha videograbación en Guatemala. Lo confirmo, ya que le indiqué entonces que debía generar una prueba fehaciente de la existencia de presiones ilegales y probablemente delictivas -que afectaban a su familia, incluyendo sus hijos-, por parte de las autoridades federales involucradas en aquel momento. Y es que entonces no era posible hacerlas públicas o siquiera pensar en denunciarlas, por razones obvias. Hoy no me corresponde hacerlo.
Javier Duarte no fue detenido. La verdad es que tuvo que sucumbir ante extraordinarias presiones para que se redujeran las ilegales presiones a su familia. Ello, a fin de satisfacer exigencias, que de no “aceptarse”, hubieren entonces acarreado consecuencias que ningún padre de familia podría conocer y no sacrificarse para evitarlas. A partir de ese momento decidió defenderse ante las autoridades judiciales -en lo que coincidí ya que era evidente la fragilidad de las imputaciones-, sin en ese momento contar que surgirían más dificultades a propósito de nuevas presiones de funcionarios gubernamentales y otros, que se imprimieron en su contra.
De hecho, ese video no es el único medio de prueba que acredita las ilegales presiones -que como dije ocurrieron antes y también después de que se llevara a cabo la pseudo detención en Guatemala-. Existe evidencia documental e informática -por llamarle de algún modo-, que así lo acredita, la que por ahora se encuentra sujeta al secreto profesional y que está debidamente resguardada.
Y es que incluso mi salida de su defensa también obedeció a presiones ilegales que resintió Javier Duarte de Ochoa. Se le exigió mi salida en tanto la defensa técnica planteada no cabía en el plan que se orquestó en su contra para incriminarlo, haciendo de él un chivo expiatorio y enemigo público en el ámbito mediático. Esto es, la actitud de mantener siempre una posición jurídica y litigiosa que asumí en defensa de mi entonces representado frente a los altos funcionarios en las diversas reuniones -con interlocutores de Gobierno y otros-, “no les “gustaba”; así como la defensa material planteada (incluyendo aquella relativa a que las pruebas en su contra se recabaron de manera ilícita), les resultó sumamente “incómoda”.
Fue así que decidí dejar el caso, ya que las presiones que enfrentó Javier Duarte y su familia eran de tal magnitud, que seguir actuando como defensor les hubiera acarreado consecuencias indudablemente graves e injustas. En ese momento fue sin asomo de duda la mejor decisión. Fue por ello que de común acuerdo abandoné esa defensa jurídica, sucediéndome el colega Ricardo Sánchez Reyes Retana, de probada capacidad profesional y que en algún momento tuve directo conocimiento de un gesto que tuvo que denota además, su calidad humana.
A partir de mi salida, no he intervenido en ningún asunto de Javier Duarte en México (sea federal o local en Veracruz). Por tanto, no podría naturalmente abordar aspectos que hayan acaecido en forma posterior. Desconozco los planteamientos técnicos y el detalle del desarrollo mismo del caso.
Dentro de los límites éticos de la profesión, es sólo esto lo que puedo confirmar, cerrando en definitiva así mi intervención, con la anuencia de mi entonces cliente. Todo lo antes expuesto tiene sustento en los artículos 16, 17, 18 y 22 de los Principios Básicos Sobre la Función de Abogados, emitidos por la Organización de las Naciones Unidas el 7 de septiembre de 1990 -siendo México parte-, así como 1, 2, 10, 11 y 31 del Código de Ética de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.”
Atentamente,
ABOGADO MARCO DEL TORO
