Por: Mario Rafael León
Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del estado, refiere este lunes que la imparcialidad es una obligación en el trabajo que desarrolla el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis). “En el trabajo de revisión de las cuentas públicas para el Orfis no hay colores, nombres, apellidos, ni condición que distinga a los entes fiscalizables más allá del cumplimiento que acrediten respecto de la aplicación de los recursos públicos con orden, transparencia y legalidad”.
En su informe de cada semana, el servidor público indica que el Orfis mantiene su compromiso con la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas, la preparación de su personal y sobre todo con la imparcialidad en la revisión de las cuentas públicas con miras a continuar sirviendo de la mano de la tecnología, la simplificación y la colaboración entre instituciones del ámbito federal, estatal y municipal.
“Hay quienes han tratado de ver y señalar tendencias políticas y partidistas en el trabajo del Orfis con la intención de desacreditar la labor de sus servidores públicos que día a día se enfrentan a los números duros y fríos de la administración pública, estatal y municipal. Esos señalamientos ofenden a hombres y mujeres que diariamente revisan obras, analizan cifras y examinan la veracidad de los datos contenidos en las cuentas públicas sometidas a fiscalización, pues se trata de personas honestas que hacen su labor apegada a principios de legalidad e imparcialidad. Quien intenta denostar ese trabajo diario, minucioso, técnico, con acusaciones de filias y fobias partidistas o intereses particulares sólo buscan distraer sobre las irregularidades cometidas”, afirma.
En el informe de este lunes, Lorenzo Antonio Portilla manifiesta que se han dado a conocer señalamientos de diversas instituciones, que durante los ejercicios pasados, el de 2017 o 2018, han mostrado irregularidades que no representan forzosamente un daño patrimonial que pudiera ser doloso o con la intención de generar una riqueza mal habida para sus responsables sino que pueden derivar de un error administrativo, el desconocimiento de la forma de aplicar los recursos o la falta de capacidad de algunos servidores públicos para ejercer sus funciones.
“Lo que sí se puede decir es que ésta es una oportunidad para que los entes señalados corrijan el rumbo, revisen los números y logren resarcir el daño a la hacienda pública, pues de lo contrario deberán enfrentar el peso de la ley y la acción de la justicia”, afirma.
