Se actualizarán los lineamientos, instrumentos y protocolos vinculados al Informe Policial Homologado
Por: Mario Rafael León.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública debe instrumentar el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica durante este segundo semestre de 2019 con la finalidad de fortalecer las policías municipales y estatales y articularse con la Guardia Nacional, procuradurías y fiscalías generales.
El Modelo Nacional de Policía tiene por objeto prevenir el delito, fortalecer su investigación, disminuir la incidencia delictiva, mejorar la percepción de seguridad, e incrementar la confianza en las instituciones de seguridad pública.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública publicó los acuerdos y exhortos de su cuadragésima cuarta reunión, mismos que se deben cumplir.
Un acuerdo más fue la revisión del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamundf), a fin de que el porcentaje se incremente a un mínimo de 50 por ciento para el fortalecimiento de las policías municipales.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública también aprobó el nuevo formato del Informe Policial Homologado, que tiene por objeto eficientar las puestas a disposición, garantizar el debido proceso y fomentar el uso de la información para acciones de inteligencia.
Para ello, se actualizarán los lineamientos, instrumentos y protocolos vinculados al Informe Policial Homologado mismos que entrarán en vigor próximamente.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública instruyó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ayude a las entidades federativas a integrar sus diagnósticos y programas para el fortalecimiento del estado de fuerza y capacidades institucionales de los cuerpos policiales estatales y municipales.
Igualmente, instruyeron al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública coordinarse con la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario para formular un conjunto de reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal, que permitan mejorar la operación en los centros penitenciarios y la reinserción social de las personas privadas de su libertad.
Se acordó una prórroga de plazo de vigencia de las evaluaciones de Control de Confianza. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por conducto del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, lleve a cabo las reformas para emitir el Certificado Único Policial y con ello las instituciones de seguridad pública del país puedan expedir el mencionado Certificado a todos sus integrantes, ampliándose a 18 meses contados a partir del 10 de septiembre de 2019.
Aún más, el Consejo aprobó el modelo homologado y actualizado del perfil del personal de Seguridad y Custodia Penitenciaria alineado al Programa Rector de Profesionalización, así como incentivar la percepción salarial del personal capacitado.
Se adoptarán acciones para erradicar el analfabetismo en personas privadas de su libertad y recluidas en todos los centros penitenciarios del país, y así izar bandera blanca el próximo noviembre del año en curso.
Acordaron también subrogar los contratos de comodato que se suscribieron con los estados de México, Nuevo León, Sinaloa, Michoacán y Veracruz y el Secretariado Ejecutivo, en favor del Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal para efectuar los trámites para la entrega formal de las Academias Regionales de Seguridad Pública, para que a través de ellas se lleve a cabo la administración y operación.
Igualmente, se acordó trabajar con los gobernadores para conocer modelos, capacidades e instituciones que puedan abonar y fortalecer el proyecto de la puesta en marcha de la Universidad de Seguridad Pública.
El Consejo Nacional de Seguridad Publica hizo dos exhortos, el primero es que las autoridades que corresponda se coordinen con lo establecido en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
También a las dependencias que otorgan apoyos sociales a jóvenes especialmente de educación media y media superior, a supervisar y acotar el destino de los recursos brindados para temas relacionados con alimentación, educación, salud y transporte público.
