La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la tarde de este viernes la recomendación número 24VG/2019; dicha recomendación está relacionada con el caso de violaciones graves a derechos humanos por la desaparición forzada de ocho policías municipales atribuidas a 15 agentes del “Grupo Tajín” de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz a cargo de Arturo Bermúdez Zurita, siendo gobernador del estado Javier Duarte de Ochoa.
Asimismo, tiene relación con la inadecuada procuración de justicia y a la verdad en agravio de sus familiares, atribuibles a personas servidoras públicas de la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz, actual Fiscalía General del Estado de Veracruz.
En el documento de 111 páginas dirigido a Cuitláhuac García Jiménez y a Verónica Hernández Giadáns, gobernador del estado y Encargada de la Fiscalía General del Estado, la CNDH concluye que fueron elementos de la SSSP los que desaparecieron a ocho policías municipales de Úrsulo Galván en el año 2013.
La desaparición de los elementos municipales se remonta al 11 de enero de 2013 y es “atribuible a 15 agentes del entonces denominado Grupo Tajín'” de la Secretaría de Seguridad Pública, cuando la corporación estaba a cargo de Arturo Bermúdez Zurita, siendo gobernador del estado Javier Duarte de Ochoa.
La CNDH precisa que acreditó que los policías que laboraban en Úrsulo Galván fueron víctimas de desaparición forzada por agentes del Estado “al ser detenidos y privados de su libertad, de quienes a la fecha se desconoce su paradero”.
En la recomendación se acredita que desde que ocurrió la desaparición forzada, la SSP-Veracruz no realizó las investigaciones sobre la participación de los agentes del entonces denominado “Grupo Tajín” aun cuando existían elementos de convicción que involucraban su participación en el caso.
La CNDH recomienda al gobernador Cuitláhuac García Jiménez reparar el daño a las víctimas indirectas, incluyendo compensación y/o indemnización, así como inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas y proporcionarles atención integral.
Además, solicita que se ofrezca una disculpa pública institucional por las omisiones y la impunidad derivada de la desaparición forzada de la que fueron objeto sus familiares en el año 2013.
De igual forma, recomienda a la SSP-Veracruz concluir el Procedimiento Disciplinario contra los 15 agentes estatales iniciado en 2017, y consecuentemente, la Comisión de Honor y Justicia deslinde responsabilidades.
La CNDH señala que, por cuanto hace a la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ-VER), no realizó de manera inmediata las diligencias de búsqueda y localización “además de señalar omisiones y dilación en la investigación ministerial de los hechos, toda vez que a más de seis años no se tienen resultados sobre el paradero de los policías municipales de Úrsulo Galván”.
Por ello, solicita a la Fiscalía General de Veracruz (FGE) continuar la integración de la investigación y esclarecer los hechos; colaborar con la CNDH en la presentación de la queja que formule contra el personal ministerial que participó en la investigación por las irregularidades cometidas y se anexe copia de su recomendación en sus expedientes administrativos-laborales.
De igual forma, solicita capacitar al personal adscrito al Ministerio Público que tenga contacto con las víctimas indirectas de los delitos de desaparición forzada con el propósito de ofrecerles un trato digno.
La CNDH confirma que presentará una denuncia contra los 15 elementos del “Grupo Tajín” y todos aquellos que resulten responsables como Arturo Bermúdez Zurita y Javier Duarte de Ochoa, además de una queja administrativa.
