El Instituto de Pensiones del Estado no forma parte de la carpeta de investigación de la denuncia presentada por la Coalición de Pensionistas Independientes del IPE (COPIPEV) en la Fiscalía General del Estado, afirma Daniela Griego Ceballos, directora general del IPE.
A la COPIPEV se le ha recibido en audiencia en distintas ocasiones, se le ha proporcionado la información requerida; sin embargo, para la denuncia en mención, a la actual administración no le solicitaron nada. Hay que apuntar que el archivo temporal de la investigación por parte de la Fiscalía no significa que no se vaya a llevar a cabo el ejercicio de la acción penal en el supuesto que haya mayores elementos para ejercerla”, indica la funcionaria mediante un comunicado.
Manifiesta que el IPE ha colaborado en tiempo y forma con la Fiscalía con plena disposición para coadyuvar en las investigaciones que ésta realiza y que en la actual administración del IPE se ha atendido a sindicatos, a asociaciones de jubilados y pensionados, titulares de los entes incorporados, manteniendo una postura de diálogo y apego a los derechos de los trabajadores y pensionados que forman parte del Instituto, esto en consonancia con el compromiso del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, de gobernar con pluralidad y respeto hacia la ciudadanía veracruzana.
En el documento, la funcionaria indica que ante las recientes declaraciones de integrantes de la COPIPEV y de su abogado Juan José Llanes Gil del Ángel, es necesario decir que la COPIPEV señala al IPE y a su titular de no aportar la información requerida a la FGE como prueba para la investigación contra integrantes del Consejo Directivo del IPE por el desfalco a la Reserva Técnica “no obstante que esa denuncia tiene más de tres años puesta ante la FGE, durante el último período del gobierno de Javier Duarte, estando en funciones el entonces Fiscal Luis Ángel Bravo Contreras quién no avanzó en la investigación, posteriormente durante diciembre de 2016 a agosto de 2019 la Fiscalía encabezada por el yunista Jorge Winckler Ortiz tampoco avanzó en la determinación del caso, es decir, durante tres años la investigación no se terminó de integrar.
Daniela Griego refiere que de acuerdo al boletín de prensa circulado por la COPIPEV el 27 agosto pasado, la autoridad judicial dio plazo de dos meses para que la Fiscalía determinara la carpeta de investigación. Con oficio fechado el 22 de octubre y recibido en el IPE el 24 de octubre del presente año, la Fiscalía le solicitó al IPE información diversa sin que señalara plazo para remitirla, y un día hábil antes de que se venciera el tiempo dictado por el Juez de Control. “En este sentido, ante la naturaleza de la información solicitada se recurrió al archivo histórico para la búsqueda de dicha documentación, estando ya integrada y por entregarse a la Fiscalía. No encontramos en lo que obra en archivos del Instituto oficio o documento alguno que hubiera aportado el anterior director, Hilario Barcelata Chávez, como prueba para la Investigación en mención, situación a la que la COPIPEV no refiere”, dice la directora del IPE.
Indica que el abogado defensor de la COPIPEV “el Sr. Llanes junto con su socio el Sr. Viades juegan un doble papel en este caso, por un lado se muestran como defensores de los intereses de los pensionados, y por el otro pretenden afectar el patrimonio del Instituto ya que lo tienen emplazado a huelga, debido a que también fungen como abogados del Sindicato Unificador del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (SUIPEV), sindicato con membresía minoritaria del IPE, y pretenden que se firmen Condiciones Generales de Trabajo, cuando existe un sindicato mayoritario el Sindicato de Trabajadores del Instituto de Pensiones (STIPE), titular del Contrato Colectivo de Trabajo”.
