Tan sólo el año pasado hubo 584, el problema se agrava por la crisis de personas desaparecidas y el aumento de hallazgos de fosas clandestinas
De 2017 a la fecha, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) suma 852 cuerpos inhumados sin identificar. Tan sólo el año pasado hubo 584.
De acuerdo con las políticas generales del IJCF, tras cumplirse las 72 horas posteriores a una necropsia, debe solicitarse por escrito al Ministerio Público la autorización del destino final del cuerpo y notificar a las autoridades correspondientes.
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas establece que ninguna autoridad podrá ordenar la inhumación de cadáveres o restos humanos sin identificar, antes de contar con la información necesaria para su identificación.
Sin embargo, no existe la certidumbre de que estos cuerpos cuenten con esos datos o si se tomó información adicional a su entierro, pues según la Unidad de Transparencia de Ciencias Forenses, no se tiene certeza de la existencia de documentos en 2017 y principios de 2018, debido a que no se llevó a cabo algún acto de entrega-recepción por parte de la administración anterior.
“Por lo anterior, se dio origen a un proceso de investigación por parte del órgano de control del instituto, así como la revisión y captura de las evidencias documentales que se han localizado en los archivos… una vez concluida dicha investigación los datos proporcionados pudieran variar”, responde la dependencia.
Anna Karolina Chimiak, coordinadora del área de Incidencias del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), percibe mejoras en el manejo y las prácticas de inhumación, pero indica que prevalece la incertidumbre sobre el trabajo del organismo, por lo cual deben permanecer los entes de vigilancia, como la Comisión de Inhumación de Cadáveres, y la observación de los colectivos de familiares de personas desaparecidas y de las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos.
