Corrupción. El pleno de San Lázaro discutirá mañana la minuta enviada por el Senado; el fenómeno creció 21 veces en cuatro años con nueve millones de operaciones simuladas por 1.6 billones de pesos
La Cámara de Diputados discutirá mañana en sesión ordinaria las reformas a cinco ordenamientos para perseguir y castigar a los operadores de las redes criminales integradas por más de 9 mil empresas fantasma creadas ex profeso para la facturación de operaciones simuladas. De acuerdo con las más recientes cifras del SAT, la facturación apócrifa, que será tipificada como crimen organizado, creció 21 veces en los últimos cuatro años, en los que se han identificado cerca de 10 mil empresas que emitieron nueve millones de operaciones simuladas, las cuales sumaron 1.6 billones de pesos.
Al respecto, el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, ha dicho que el ilícito provoca que el erario deje de percibir 750 mil millones de pesos al año.
El dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, establece que se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa las llamadas empresas fantasma y las facturas falsas, considerando que éste sea un delito similar al contrabando y su equiparable.
En éste se señala como delito “la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.
También prevé las mismas sanciones al que permita o publique a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Las modificaciones a la Ley Federal de Delincuencia Organizada tipifican y equiparan la defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada con la delincuencia organizada cuando el monto de lo defraudado supere los 7 millones 804 mil 230 pesos.
Además, en la Ley General de Seguridad Nacional se adiciona la fracción XII al artículo 5 para que los actos ilícitos contra el fisco federal, es decir, defraudación fiscal, se consideren como amenaza a la seguridad nacional.
Fin al ilícito El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena en el Palacio de San Lázaro, Mario Delgado, subrayó que, con las referidas reformas, el Poder Legislativo pondrá fin al “huachicoleo fiscal”.
Legislar sobre este tema será un factor que va a influir en la recaudación de ingresos para el año que entra y por eso sí es importante que esté en vigor a partir del 1 de enero de 2020. Es una prioridad para nosotros”, puntualizó.
Sostuvo que las reformas permitirán sancionar a las empresas que venden o compran facturas para amparar operaciones falsas, sin criminalizar de ninguna manera al empresario. Tampoco se castigará al contribuyente que cumple con sus obligaciones fiscales, ni al que, por descuido, deja de informar sobre sus contribuciones o fue engañado por su contador declarando datos incorrectos, dijo.
Estamos acabando con la corrupción y estas acciones eran una forma oscura de delito, que ante la falta de legislación muchos hacían lo que querían con estos recursos y se enriquecían a costa del pueblo de México”, indicó.
En tanto, el diputado Sergio Gutiérrez, coordinador del grupo de trabajo encargado del análisis del proyecto, afirmó que “este fraude fiscal importa alrededor de 2 billones de pesos en los últimos cinco años, son muchos millones y han generado un grave perjuicio al erario federal; nosotros queremos castigar severamente a esta delincuencia organizada”.
En entrevista, el legislador de Morena subrayó que la Procuraduría Fiscal de la Federación tiene identificadas las redes criminales de facturación falsa, que hasta ahora han operado prácticamente en la impunidad.
Es un fenómeno en todo el país, no es solo una red, son muchas empresas factureras que existen de diferentes tamaños, se han detectado algunas que tienen hasta mil 500 empresas y hay otras con una sola; en todos esos casos son delincuentes organizados que están en todo el país y se dedican a esta operación”, señaló.
Gutiérrez detalló que las empresas fantasma se constituyen suplantando la identidad de personas, casi siempre gente de escasos recursos y preparación, quienes ni siquiera se enteran que han sido registradas como integrantes de esas sociedades.
Para el presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Reginaldo Esquer Félix, este tipo de reformas, así como la Ley de Extinción de Dominio, generan menor interés por invertir.
“Lo que nos preocupa es el interés maquiavélico que pretende vincular el tema fiscal con el de crimen organizado. Llevan a un escenario donde las empresas prefieren no invertir, cuestionó.
Fuente: Milenio
