Emitió propuestas para eliminar violencia periodística
Por: Itzel Sandoval
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) envió un documento al Congreso local en el que pide a los diputados abstenerse de presentar iniciativas o proponer reformas legislativas que tengan por objeto criminalizar la libertad de expresión.
Como parte de la correspondencia se leyó el oficio CNDH/QVG/DGAP/222/2019 con fecha del 15 de noviembre y el cual fue enviado por el visitador quinto del organismo defensor de los derechos humanos y en el que se pide atender las propuestas generadas en el Informe Especial sobre el Contexto de Violencia que enfrentan las personas que ejercen el periodismo y los medios de comunicación en el estado de Veracruz.
El documento que fue emitido por la CNDH establece que el contexto adverso a la libertad de expresión en el estado de Veracruz deben analizarse desde una perspectiva multidimensional que tome en cuenta aspectos de tipo normativo, las prácticas institucionales y el discurso institucional sobre la libertad de expresión, así como las deficiencias en las investigaciones de los crímenes cometidos en su contra.
“Del análisis de las cifras de agresiones contra periodistas con que cuenta esta Comisión Nacional se advierte que ha habido un incremento constante en el homicidio de periodistas desde el año 2000 hasta la fecha de publicación del presente Informe Especial”, detalla.
Además, indica que Veracruz es la entidad federativa en la que se han registrado la mayor cantidad de homicidios en nuestro país, con 23 homicidios de los 153 registrados en todo el territorio.
“El incremento de las agresiones en ese Estado también puede advertirse en la emisión de medidas cautelares por parte de este Organismo Nacional que registró en el 2018 un incremento de 200% respecto de las solicitudes de medidas cautelares realizadas en el 2015, por casos relacionados con periodistas y medios de comunicación; asimismo, llama la atención que, a nivel nacional, al 15 de noviembre de 2019 hayan ocurrido 12 homicidios de periodistas, cifra superior a los verificados en 2018”, puntualiza.
Ante ello se emitieron propuestas para el mandatario estatal, la Fiscalía General del Estado, el Congreso local y los presidentes municipales.
En lo que corresponde al Congreso local se especifica que tanto el titular del Ejecutivo Estatal, como las y los legisladores deben abstenerse de presentar iniciativas o proponer reformas legislativas que tengan por objeto criminalizar la libertad de expresión.
“Por el contrario, deben asumir como un compromiso público la promoción de normas y políticas públicas que favorezcan la libertad de expresión y el trabajo de las personas de las y los periodistas. Cualquier agresión a las personas que ejercen el periodismo y los medios de comunicación debe condenarse e investigarse de manera pronta y diligente”, específica.
El documento fue turnado a las Comisiones Permanentes Unidas de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y de Atención y Protección de Periodistas para su atención procedente.
