Es resultado de la aprobación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas
Por: Mario Rafael León
A partir del uno de enero próximo, todos los funcionarios deberán presentar sus declaraciones patrimonial y de intereses con los nuevos formatos oficiales y obligatorios, a través de la Plataforma Digital Nacional (PDN); la finalidad es que para el uno de mayo de 2021, los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno tengan sus declaraciones con dichos formatos.
Dicha acción es resultado de la movilización originada en 2016 por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que junto con más de 600 mil ciudadanos exigió mayor transparencia y rendición de cuentas de servidores públicos con la 3 de 3.
Previo a la aprobación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3 de 3, no existía ningún mecanismo legal en el país que obligara a los funcionarios a transparentar su información. Declaranet era el único mecanismo para presentar declaraciones patrimoniales y, además, los servidores podían elegir si se mostraba o no la versión pública de éstas.
Ahora con la sustitución de este mecanismo por la Plataforma Digital Nacional todas las declaraciones serán públicas.
En septiembre de 2018, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción presentó una primera propuesta de formatos con más de 700 campos que proponían una versión detallada de las declaraciones.
“Estos formatos se modificaron en marzo de 2019 bajo el argumento de incapacidad técnica para operar en la Plataforma Digital Nacional, así como múltiples comentarios respecto de la publicación de su información y datos aparentemente sensibles. Lo que en un inicio pareció la consolidación de uno de los principales ejes de la Ley 3 de 3, sufrió graves retrocesos”, se dijo en esa ocasión.
En septiembre de 2019, el comité presentó las versiones definitivas de los formatos que constan de poco más de 300 campos.
El IMCO, no obstante, afirmó que aún hay preocupaciones debido a que en los formatos se especifica que la información de terceros (pareja, dependientes económicos u otros) no será incluida en las versiones públicas, así como tampoco todo bien mueble, inmueble o cuentas bancarias que estén en copropiedad con el declarante.
Refirió que precisamente los escándalos de corrupción y enriquecimiento ilícito han sido a través de alguien más.
El IMCO destacó que la decisión de no hacer pública la información de los bienes de terceros, será un reto importante para los ciudadanos y medios, que tendrán barreras al momento realizar el seguimiento de los ingresos e intereses de los representantes populares.
Considera que es imprescindible que los seis módulos de la Plataforma Digital Nacional funcionen en su totalidad y se garantice el cruce de datos con otros sistemas para detectar redes de corrupción con mayor rapidez.
Asimismo, la correcta implementación de los formatos a nivel local requerirá asegurar el trabajo en conjunto entre autoridades estatales y municipales, pues son quienes enfrentan mayores desafíos de infraestructura técnica y física.
También será necesario apoyar y garantizar la autonomía de los comités de participación ciudadana estatales y de las fiscalías anticorrupción para abatir la impunidad y asegurar la reparación del daño.
