La política de registro de líneas móviles en México enfrenta serias dificultades, especialmente en comunidades indígenas que, a pesar de recibir incentivos, evitan entregar sus datos personales.
El registro masivo de líneas móviles en México, que empezó con el objetivo de asociar más de 161 millones de números a una identidad, se ha visto empañado por la desconfianza de los usuarios, particularmente en comunidades indígenas. A tres meses de su implementación, solo 20.4 millones de números han sido vinculados, lo que representa un avance apenas del 12.6% del total esperado, según la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
Un Contexto de Desconfianza
El coordinador general de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C., Erick Huerta, explica que muchas personas en comunidades indígenas, que utilizan servicios de empresas como Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias (TIC A.C.) y Wiki Katat, están resistiendo al registro. La desconfianza proviene no solo del temor al uso indebido de datos personales, sino del historial de persecuciones que han sufrido muchos de estos grupos, quienes suelen involucrarse en la defensa de sus territorios.
"Hemos tenido muy pocos registros a pesar de que Altán avisa a las personas en SMS que si se registran van a tener más megas, pero las personas no lo hacen", señala Huerta.
La preocupación por la centralización de la información personal en un padrón de telefonía, en un país donde la vigilancia a activistas y defensores de derechos humanos es un problema persistente, es un factor determinante en la negativa de la población a participar en este registro.
Un Proceso Registral Complicado
Además de la desconfianza, otro obstáculo es la complejidad del proceso de registro. Para vincular un número a una identidad, los usuarios deben completar varios pasos que incluyen la captura de datos biométricos a través de fotografías. Muchos enfrentan dificultades técnicas que los llevan a abandonar el proceso.
"La nueva política de registro móvil no se detendrá ni contará con una prórroga", advierte Huerta, quien también plantea que la falta de tiempo para realizar pruebas adecuadas en la plataforma ha afectado el registro, haciendo que los intentos de muchos usuarios terminen en frustración.
Cada intento fallido no solo desincentiva a los usuarios, sino que también supone un costo adicional para las operadoras que deben pagar a Altán por cada intento de vinculación.
Corto Plazo y Consecuencias
El cierre del registro está programado para el 30 de junio, y si no se realizan cambios significativos en la estrategia de comunicación y proceso de registro, las consecuencias podrían ser severas. Existe el riesgo de una desconexión masiva del servicio, que afectaría especialmente a comunidades que dependen de la conectividad para mejorar sus condiciones de vida.
El contexto es alarmante. En 2024, los asesinatos de defensores ambientales en México aumentaron un 25%, lo que coloca al país como uno de los lugares más peligrosos para proteger el medio ambiente, según el informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). Esta situación marca un ciclo de desconfianza que se ha incrustado en la cultura de muchas comunidades, lo que complica aún más el objetivo del gobierno y de las operadoras de telecomunicaciones.
¿Qué Sigue?
Ante esta situación, se propone ampliar las estrategias de comunicación para aclarar las dudas de la población y trabajar en la sensibilización sobre la protección de datos. Sin embargo, la lucha contra la desconfianza requiere más que un simple llamado a la acción; se necesita un compromiso de las autoridades y operadoras para garantizar la seguridad de los datos.
La pregunta que permanece en el aire es: ¿será capaz el sistema de telecomunicaciones mexicano de adaptarse y abordar las preocupaciones de las comunidades más vulnerables antes de que el plazo expire? La respuesta tendrá un impacto significativo en el acceso y el uso de la telefonía móvil en el país.
