El registro de líneas móviles en México, que busca combatir las extorsiones telefónicas, enfrenta un panorama de incertidumbre. Mientras empresarios como Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), lo ven como una herramienta crucial para reducir el anonimato que facilita estos delitos, consumidores y expertos expresan su preocupación sobre la protección de datos personales.
La Perspectiva Empresarial
De la Torre destaca la importancia de asociar cada línea telefónica con una identidad, lo que podría facilitar la trazabilidad de las llamadas de extorsión, pues el 90% de las extorsiones en el país no se concretan gracias a denuncias anónimas. Según datos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), hasta la fecha del 8 de marzo, se han registrado 20.4 millones de líneas, de un total de 161.7 millones en operación en el país, lo que indica que el proceso avanza lentamente.
Cifras Alarmantes
Las cifras de extorsión también son preocupantes. En 2025, se reportaron 11,081 víctimas, marcando un aumento del 2% respecto al año anterior y representando el número más alto en la última década. La Concanaco señala que más del 75% de las llamadas de extorsión no llegan a consumarse, pero la sensación de inseguridad persiste.
Dudas sobre la Privacidad
A pesar del apoyo de algunos sectores, la implementación del registro no está exenta de críticas. Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), expresa que hay dudas sobre el manejo de la información proporcionada. "Podríamos estar entregando nuestra información a delincuentes sin garantías sobre su uso", advierte.
El contexto actual también refleja que, hasta ahora, en México no se requiere identificación para adquirir líneas telefónicas, especialmente en sistemas de prepago. Esto ha llevado a la proliferación de teléfonos desechables, utilizados para cometer delitos y luego descartados.
Implicaciones Económicas
El registro también podría tener repercusiones económicas. Rivera menciona que este proceso podría elevar los costos del servicio telefónico debido a una mayor carga operativa para las compañías, lo que impactaría negativamente a los consumidores y a los pequeños comerciantes por su menor capacidad de gasto.
El registro se plantea como parte de una estrategia más amplia que busca combatir un fenómeno delictivo complejo en el país. Mientras que De la Torre enfatiza que es una herramienta que puede generar un entorno más seguro para el comercio y los servicios, Rivera resalta que es necesario un enfoque integral que aborde la extorsión en contextos sistémicos.
Conclusiones
A medida que el registro de líneas móviles avanza en México, la balanza entre la necesidad de seguridad y la protección de datos personales sigue sin un consenso claro. Mientras los empresarios impulsan su implementación como un medio para combatir la extorsión, los consumidores permanecen escépticos sobre la gestión de sus datos sensibles.
Con la fecha límite del 30 de junio para el registro, surge la necesidad urgente de asegurar que la información personal esté protegida y que se establezcan mecanismos adecuados para salvaguardar la privacidad, en un entorno donde la desconfianza hacia las instituciones persiste. La pregunta persiste: ¿puede el registro móvil ser la solución a las extorsiones sin comprometer la libertad y privacidad de los ciudadanos?
