Recibirá en 2020 un monto de 255 millones 850 mil 330 pesos
Por: Raymundo León
Veracruz se ubicó dentro de los 10 estados con mayor presupuesto otorgado por el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) para el ejercicio fiscal 2020.
En este 2020, Veracruz recibirá un monto de 255 millones 850 mil 330 pesos, ubicándose en la novena posición a nivel nacional de estados con mayor presupuesto.
En su más reciente reunión del pasado 18 de diciembre, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó los criterios de distribución de los recursos asignados al FASP, cuyo monto ascendió a siete mil 443 millones 986 mil 130, según el presupuesto de Egresos de la Federación.
De este monto, 0.1%, equivalente a siete millones 443 mil 986 pesos, serán transferidos a la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para efectos de fiscalización de dichos recursos.
El resto de los recursos del FASP, equivalente a siete mil 436 millones 542 mil 144 pesos, serán distribuidos entre las 32 entidades federativas, conforme a los criterios de distribución, fórmulas y variables de asignación aprobados por el citado Consejo Nacional.
Los estados con mayor presupuesto son Estado de México con 512 millones 135 mil 552 pesos; Ciudad de México con 459 millones 310 mil 111 pesos; Jalisco con 291 millones 410 mil 642 pesos; Baja California con 283 millones, 289 mil 425 pesos; Chihuahua con 277 millones 253 mil 119 pesos y Nuevo León 261 millones 121 mil 107 pesos.
Igualmente, los estados deberán aportar con cargo a su presupuesto, cuando menos el equivalente al 25% del monto FASP que les sea asignado y deberán rendir informes mensuales y trimestrales al Secretariado Ejecutivo sobre los movimientos que presenten las cuentas bancarias productivas específicas del Financiamiento Conjunto por Programa con Prioridad Nacional y Subprogramas.
Los recursos del FASP deben ser destinados para el desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública.
Para el desarrollo, profesionalización y certificación policial, tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial, implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios.
También para el fortalecimiento al sistema penitenciario nacional y de ejecución de medidas para adolescentes, desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos.
Igualmente, para el sistema nacional de información para la seguridad pública; sistema nacional de atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas.
Asimismo, al fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto y; especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas.
