El Estado deberá cubrir sus necesidades principales
Por: Itzel Sandoval
Menores huérfanos por feminicidio o abandono por desaparición serán protegidos por las autoridades estatales, según la aprobación de las reformas al Código Penal y de la Ley de Víctimas para el estado libre y soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.
En lo que fue la última sesión ordinaria, se aprobó dicha reforma que tiene por objetivo brindar atención a los menores que han quedado en orfandad en la entidad veracruzana.
En esta se destaca que “las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida, en un plazo no mayor a 24 horas, de los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva Estatal, de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades primarias”.
Las necesidades enumeradas que las autoridades deben atender son: alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos.
Por ello, se destaca que las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.
“Los hijos e hijas menores de edad de las víctimas de feminicidio y/o mujeres en situación de desaparición tendrán prioridad en las medidas de reparación integral, de conformidad con lo previsto en el Artículo 4º de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el principio del Interés Superior de la Niñez y los demás previstos en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Veracruz”, indica.
Asimismo se refiere que los apoyos que se otorguen deberán garantizar servicios educativos, médicos, psicológicos, de programas sociales, de acogimiento residencial, o de cualquier otro tipo que permita el restablecimiento de su independencia física, mental, social y su inclusión y participación en la sociedad; para tal objetivo las autoridades Estatales y Municipales deberán ofrecer las facilidades de acuerdo al Registro Estatal de Víctimas, con la finalidad de alcanzar a cubrir lo estipulado por el párrafo anterior.
La reforma fue presentada por la diputada local de Morena, Guadalupe Osorno Maldonado, misma que urgió la atención a los menores que perdieron a sus madres a causa de la violencia de género o que se encuentran desaparecidas por dicho delito.
Refirió que los casos en los que el feminicidio va acompañado por el terrible proceso de afrontar que el padre actúa como el asesino se muestran graves daños en los menores.
Manifestó que algunas organizaciones y familiares de víctimas han reportado en el año 2017, luego de solicitudes de información, que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en funciones desde octubre de 2015, tiene registrado sólo un caso de orfandad por feminicidio.
Mientras que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) logró registrar, en tres años de operación (de 2014 a febrero de 2017), 65 casos de orfandad por este delito mismo delito.
Y es que dados los registros de la CEAV, entre 2015 y el primer semestre de 2017, se atendieron jurídicamente a siete menores en edades de 9 a 17 años, hijos e hijas de víctimas de feminicidio, homicidio o desaparición.
En ese mismo periodo, había 71 procesos iniciados por feminicidio y 157 por homicidio en el Poder Judicial. Además, fueron asesorados psicológicamente diez menores y jurídicamente cuatro en el mismo lapso, pero no fueron ingresados al Registro Estatal de Víctimas, por lo que no pueden ser reconocidos oficialmente en las cifras.
