Subasta podría alcanzar los 62 millones de pesos
Por: Mario Rafael León
El grupo parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura federal presentó este jueves un punto de acuerdo mediante el cual la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para que, en estricto cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, se abstenga de realizar enajenación alguna de bienes muebles e inmuebles que represente un daño la hacienda pública de Veracruz o un acto de sabotaje a la capacidad operativa del próximo gobierno.
El punto de acuerdo recuerda que durante su periodo como titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), el senador de la República, Julen Rementería del Puerto, anunció el rescate de maquinaria pesada que se encontraba abandonada en diversos municipios, la cual era propiedad de dicha dependencia estatal.
Ha sido publicitado en diversos medios de comunicación, dice el punto de acuerdo, que son alrededor de 597 equipos de maquinaria, propiedad de la SIOP, de los cuales, el actual gobierno aduce que 222 de estos bienes muebles son material ferroso; señalando que parte del producto de la venta será destinado a la reparación de 50 máquinas, lo que en su dicho alcanzará una erogación de 62 millones de pesos; por cuanto ve a otras 112 máquinas serán enajenadas bajo el concepto de “maquinaria de medio uso”; asimismo, dice estar investigando para su recuperación, otras 200 piezas.
La maquinaria mencionada se dividirá en dos bloques: una para subastar en la modalidad de venta normal, la cual será entregada al postor, y otro para subastar, en calidad de desecho.
El gobierno de Veracruz realiza una serie de remates y licitaciones “de última hora” con lo que se está “malbaratando” bienes estatales. Esas enajenaciones de bienes muebles no han sido explicadas, ni tienen un objetivo específico en beneficio de la hacienda pública, expresa el grupo parlamentario de Morena.
Esas subastas simuladas semejan licitaciones amañadas; es decir, una manipulación de posturas para favorecer a postores, en una forma simulada de fraude al a ley, para hacerse de bienes muebles a precios muy por debajo de las cotizaciones de mercado.
“Esto no sólo representaría una responsabilidad administrativa o penal para quien desde el gobierno del estado participa o permite la realización de estos actos fuera de la norma establecida, toda vez que representan actos de corrupción. Estos hechos, a pesar de que puedan ser consumados, corren el riesgo de ser declarados nulos, civil o administrativamente, por estar realizados sin el debido respaldo legal y causar un detrimento a la hacienda pública estatal”, se lee en el documento.
Las acciones del gobernador para rematar el patrimonio público, afirman los diputados de Morena, semejan una revancha política para dejar sin elementos técnicos a la administración que está por tomar las riendas del gobierno en un intento por sabotear la capacidad operativa del gobierno entrante que le impidan hacer frente a las necesidades de la administración.
“Esto es la puntilla de un gobierno que le falló a la gente y que ahora pretende lastimarla ante el rechazo manifestado en las urnas a sus acciones. No lo permitiremos”, afirma el documento.
El punto de acuerdo es firmado por los diputados federales María Bertha Espinoza Segura, Ricardo Exsome Zapata, Raquel Bonilla Herrera, Jaime Humberto Pérez, Dorheny García Cayetano, Claudia Tello Espinoza, Carmen Mora García, Rafael Hernández Villalpando, Flora Cruz Santos, Eleuterio Arrieta Sánchez, Carmen Medel Palma, Dulce María Corina Villegas Guarneros, Valentín Reyes López, Bonifacio Aguilar Linda, Paola Tenorio Adame, Eulalio Juan Ríos, Marco Antonio Medina Pérez, Lizet Amayrani Guerra Méndez, Zaira Ochoa Valdivia, Juan Martínez Flores, Julio Carranza Áreas, Rosalba Valencia Cruz, Manuel Gómez Ventura, Edith García Rosales y Rodrigo Calderón Salas.
El Corresponsal, en el lugar de la noticia.
