En 15 días demolerán capilla
Por: Mario Rafael León
Mateo Rivera Vega, presidente del Patronato Proconstrucción de la Capilla de San Francisco de Asís, ubicada en Lomas Verdes, denunció que en un plazo de 15 días el ayuntamiento de Xalapa iniciará la demolición de ese inmueble.
En conferencia de prensa, refirió que la autoridad municipal le ha negado el derecho de audiencia y que con la acción mencionada viola el derecho constitucional de ejercer el culto que se prefiera.
Aseveró que a las agresiones de la autoridad municipal se suma la de los vecinos del citado fraccionamiento que han llegado a agredirlos durante la realización de la misa.
El 18 de este mes, indebidamente se entregó por parte de personal del ayuntamiento de Xalapa, en la Parroquia de San Rafael Guízar y Valencia, un documento intitulado “Instructivo de Notificación” dirigido al padre José Solís Luna, al que se adjunta un oficio con número DDUYMA/2805/2018, fechado el 12 de este mismo mes y año, firmado por América Carmona Olivares, directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del ayuntamiento de Xalapa, con el que notifica la orden de demolición de la Capilla en un plazo de 15 días, refirió.
“La servidora pública municipal pisotea nuestra Carta Magna al violar flagrantemente una serie de derechos humanos y garantías en ella establecidas, toda vez que, en principio, violenta nuestros derechos fundamentales de libertad de religión o libre culto y no discriminación, al emitir este tipo de actos de autoridad, muy al margen de la Constitución, tratados internacionales y de la ley”, aseveró.
Mateo Rivera Vega reveló que un grupo de personas instigadas por Hilda Hernández Moctezuma, en repetidas ocasiones ha irrumpido al interior de la capilla y que durante las celebraciones se ha dedicado a perturbar a la feligresía asistente y que a esto se agrega que en días pasados el propio presidente municipal acusó a la feligresía católica y a los propios vecinos de “llevar a cabo prácticas ilegales como la invasión de predios”.
Exigieron a la autoridad municipal que se apegue a la Constitución y la observancia de la legalidad a que están obligados todos los servidores públicos.
