Con la entrada en vigor de la reforma al artículo 18 de la Ley de Educación del Estado de Veracruz, los profesores están obligados a denunciar ante instancias legales si observan que algún educando es víctima de maltrato infantil o de cualquier otro delito que ponga en riesgo su vida.
La reforma al mencionado artículo quedó de la siguiente forma: “En la impartición de educación para menores de edad, se tomarán medidas que aseguren al estudiante la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad y derechos humanos”.
De acuerdo con el Decreto número 260, en caso de que las autoridades de educación tengan conocimiento de que algún educando es víctima del maltrato infantil o de cualquier delito que ponga en riesgo su vida e integridad física o psicológica deberán de inmediato hacerlo del conocimiento de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, de conformidad con el protocolo de actuación de la Secretaría de Educación.
Deben actuar de igual forma cuando adviertan la prolongada o reiterada ausencia de un estudiante, el hecho deben notificarlo con la finalidad de descartar o detectar posibles situaciones de maltrato infantil.
El mencionado decreto entró en vigor el 26 de junio de este año y en un plazo de sesenta días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Educación del Estado expedirá el “Protocolo de atención para menores víctimas de maltrato infantil”.
El 13 de junio pasado, la secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Veracruz, María del Pilar Paz Villafuerte, reveló que el abuso sexual en menores de entre cuatro y nueve años de edad ocupa el mayor número de casos de las 100 denuncias por maltrato infantil en la entidad.
Precisó que también se han reportado casos de maltrato a menor por parte de madres adolescentes bajo el influjo de algunas drogas. Asimismo, dijo que se trabaja con las procuradurías de la Defensa del Menor municipales para que brinden atención psicológica a menores víctimas de maltrato para hacer frente a una declaración ante la Fiscalía General del Estado.
Un ejemplo de esta problemática social lo dio la presidente del DIF municipal Tequila (ubicado en la Sierra de Zongolica), Leticia Zepahua Valencia, a inicios de este año. La edil ventiló a medios que “el desempleo y el no contar con recursos económicas las familias más humildes del municipio de Tequila trae como consecuencia que los padres maltraten y apliquen violencia infantil contra sus hijos (…) existe mucha violencia en contra de los niños, principalmente por la falta de dinero; las madres se desesperan por su situación económica”.
