Según la justicia de Andorra, el abogado Juan Collado recibió 45.9 millones de dólares mediante una red de empresas mexicanas utilizadas para lavar dinero por el Cártel de Sinaloa
El abogado Juan Collado, que llegó a representar a figuras de la élite en México como el expresidente Enrique Peña Nieto, cobró 45.9 millones de dólares de una red empresarial utilizada por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero en Andorra, aseguró este lunes el diario El País en una nota publicada en su portal digital.
De acuerdo con el diario español y los periodistas Joaquín Gil y José María Irujo, Juan Collado iniciaba su presunto esquema de lavado de dinero en una casa de cambio mexicana, de donde el capital se transfería a la Banca Privada d’Andorra (BPA) a nombre de una sociedad industrial.
Posteriormente, el dinero llegaba a uno de los depósitos del abogado de Peña Nieto en la banca andorrana, mediante el envío de una cuenta a otra en la misma institución bancaria. Se trata de un complejo esquema que no dejaba rastro y tenía el objetivo de proteger la identidad de Collado, según las autoridades del país europeo.
De acuerdo con El País, entre los años 2009 y 2013, 14 empresas mexicanas con cuenta en la BPA enviaron la suma de 45.9 millones de dólares a Juan Collado mediante dicho esquema. Llama la atención que se trata de compañías con las que el Cártel de Sinaloa lavaba su dinero.
Sin embargo, las empresas presuntamente eran instrumentales, lo que significa que no tenían actividades reales y fueron utilizadas para lavar dinero por la organización de “El Chapo” Guzmán a lo largo de una década, asegura el diario español con base en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El abogado de Juan Collado en Andorra, Antoni Riestra, ha negado rotundamente todo vínculo de su cliente con el Cártel de Sinaloa, asegurando que el hecho de que diversos clientes compartieran “circuito interno para trasladar su dinero no comporta una vinculación”.
Las sociedades mexicanas a las que el abogado presuntamente recurrió para blanquear capitales fueron: Madvysion S.A. de C.V., que le transfirió 10.7 millones de dólares; Riu Construcciones S.A. de C.V., con 7.1 millones y Servicios Especializados Icall S.A. de C.V., con 5.7 mdd.
También figuran en la lista Textiline Collection S.A. de C.V., que transfirió 5.4 millones de dólares a Collado; Varys Comercial S.A. de C.V., con 3.6 millones, y Grupo Liztik S.A. de C.V., que transfirió 3.5 mdd, según señala un auto de la jueza a cargo del caso en Andorra.
Para seguir el rastro de la fortuna de Juan Collado en Andorra, la jueza pidió en 2017 a los investigadores identificar a los mexicanos que enviaron dinero al abogado. Se indagaron cuentas de en la BPA, entre ellas las 14 usadas por el Cártel de Sinaloa y el letrado.
Las investigaciones mostraron vínculos entre las empresas mexicanas mencionadas y las casas de cambio mexicanas de Tiber, B & B y Eurofimex, así como la sociedad fiduciaria Grupo Fidemont, que enviaron recursos al abogado.
Sin embargo, Juan Collado omitió estas referencias al declarar ante el Principado andorrano en 2016, asegurando que su patrimonio millonario se debía a su exitosa carrera, marcada por un bufete de abogados, una cartera de clientes con 10 entidades públicas y una cadena de casas de empeño fundadas por su padre.
Las exhaustivas indagatorias han determinado que Collado no pudo comprobar ser el verdadero dueño de la millonaria fortuna, por lo que gran parte de los recursos podrían ser de procedencia ilícita, advierte el último informe de la Unidad de Investigación Criminal III antiblanqueo de Andorra.
El inicio de la causa contra el abogado de Peña Nieto se remonta a 2015, cuando la jueza andorrana Canòlich Mingorance ordenó embargar los fondos de Collado. En 2018, el caso fue archivado provisionalmente luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) no pudo comprobar el origen ilícito del dinero.
Pero el caso dio un giro con la detención de Juan Collado ocurrida en julio de 2019 en México, con acusaciones por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, lo que llevó a la reapertura de la investigación en Andorra y el embargo de 93 millones de dólares.
Con información de El País.
