Tendrá media hora para defenderse
Por: Itzel Sandoval
La Diputación Permanente del Congreso Local aprobó la convocatoria para el primer periodo de sesiones extraordinarias para discutir y en su caso aprobar los dictámenes de juicio político en contra del Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz.
En sesión ordinaria, se determinaron que la plenaria de carácter privado tendrá lugar este jueves 7 de febrero a las 17:00 horas.
Conforme a la orden del día, la asamblea se abocará a discutir y votar los dos dictámenes de la Comisión Instructora, en los que declaró procedentes las solicitudes de juicio político en contra del titular de la Fiscalía.
Se trata de las denuncias presentadas por el abogado Jorge Reyes Peralta, en representación de Gilberto “N”, ex director de Servicios Periciales de la FGE, quien acusó a Winckler Ortiz de cometer el presunto delito de tortura.
Además de la denuncia que presentó el abogado Arturo Nicolás Baltazar en defensa de Francisco Zárate Aviña excolaborador del exfiscal Luis Ángel “N”, quien señaló a Winckler Ortiz del presunto delito de desaparición forzada.
Durante la sesión el Fiscal tendrá la oportunidad de defenderse ante los legisladores, por lo que presentará sus alegatos, previo a la votación de los dictámenes.
Luego de ello, los legisladores votarán a favor o en contra de los mismos, para lo que se requiere de las dos terceras partes del pleno, es decir 34 votos a favor.
De considerarse procedentes deberá ser la Comisión Instructora del Congreso local quien se presente como acusadora ante la Sala Constitucional, por lo que los diputados que la integran Rubén Ríos Uribe, Jessica Ramírez Cisneros y Enrique Cambranis Torres, deberán ser quienes entreguen las pruebas ante los magistrados para poder refrendar la presunta culpabilidad de Winckler Ortiz respecto a los delitos de desaparición forzada y tortura.
En la Sala Constitucional ambas partes, la Comisión Instructora y el Fiscal General podrán presentar sus pruebas en calidad de acusador y defensa, a fin de que los magistrados que integran la misma tomen la decisión de aprobar o rechazar los dictámenes.
La resolución que los magistrados de la Sala Constitucional tome deberá ser votada en el pleno del Poder Judicial, donde se necesitan las dos terceras partes para su aprobación. Si esta se aprueba, será entonces cuando el Fiscal pueda ser removido e incluso inhabilitado de la función pública por un periodo de diez años.
