La reforma deben hacerla antes del 31 de julio
Por: Mario Rafael León
Tres entidades de la Organización de las Naciones Unidas llamaron esta tarde al Congreso de Veracruz “a cumplir con prontitud y a cabalidad con la sentencia emitida por el Poder Judicial Federal que mandata al Congreso de Veracruz legislar para garantizar a las mujeres y niñas el acceso efectivo a servicios de interrupción del embarazo. Al mismo tiempo, las agencias ofrecen la asistencia técnica que fuera pertinente.
En la página digital de UNFPA-México se puede leer el documento en el que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la Oficina en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México hacen el mencionado llamado al congreso local.
Las agencias firmantes reconocen el avance de los derechos de las mujeres a partir de la actuación del Poder Judicial de la Federación. De igual forma, las tres entidades de Naciones Unidas reconocen la actuación de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, cuya participación ha sido esencial para lograr este importante avance.
“El precedente que se desprende de esta resolución –dice el documento– cobra aún más relevancia en el contexto de la evaluación de México ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, realizada el 6 de julio pasado, y de la cual derivarán recomendaciones al Estado mexicano para garantizar en todo el país el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas en relación con los derechos de las mujeres”.
Las entidades de la ONU recuerdan que la sentencia del Poder Judicial de la Federación establece que la omisión del Congreso de Veracruz ha significado una vulneración a los derechos de las mujeres a no ser discriminadas, a sus derechos sexuales y reproductivos, a la salud, a la dignidad y al desarrollo de la personalidad, violando diversos preceptos constitucionales, tratados en materia de derechos humanos ratificados por México, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
También manifiesta que la sentencia establece que el Poder Legislativo de Veracruz no ha cumplido con la recomendación de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, decretada el 13 de diciembre de 2017 al no reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal del Estado, que consideran el aborto como un delito. “El juez decimoctavo de Distrito reconoce el carácter obligatorio de la Alerta y de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y, por ende, la obligación de las autoridades de implementar las medidas recomendadas y adoptar decisiones efectivas para superar la discriminación en contra de las mujeres”, se lee en el documento.
La resolución ordena al Poder Legislativo de Veracruz despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo reformando el Código Penal antes del 31 de julio de 2018 para que el aborto sea tratado como un tema de salud pública y no de política criminal.
