Pensionados acudieron al Congreso local
Por: Itzel Sandoval
A fin de exigir la elaboración del dictamen de la iniciativa ciudadana de reforma al artículo 67 de la Constitución Política Local, la cual busca darle autonomía al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) y dado que la propuesta fue presentada desde mayo de 2018, integrantes de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (Copipev) acudieron al Congreso local.
La representante de Copipev, Adriana Chávez Tejeda, señaló que se pide la atención de Mónica Robles Barajas, diputada presidenta de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, pues es ahí donde la iniciativa se encuentra detenida.
Indicó que sólo en una ocasión han tenido comunicación con la legisladora, pese a que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez le instruyó ser el vínculo de comunicación entre los pensionados y la administración estatal.
Destacó que la iniciativa ciudadana fue respaldada por 14 mil 600 firmas, por lo que se considera un error que no se haya atendido y que permanezca en la congeladora.
Refirió que están a favor de atender las recomendaciones que pudieran hacer los legisladores respecto a la iniciativa, “si nos dicen que le sobra le quitamos, si es que le falta la complementamos, pero que nos digan qué es lo que se está esperando o se requiere para atender la iniciativa que está respaldada por los ciudadanos”.
La iniciativa que fue presentada ante el Congreso local y a la cual se le dio entrada el 28 de mayo en el pleno, establece que con la Autonomía Constitucional se lograría desmonopolizar, especializar, agilizar, independizar, controlar y transparentar ante la sociedad toda la actividad financiera y administrativa que le corresponde al Instituto, así como atender la función primordial que es la de la Seguridad Social para los derechohabientes del IPE.
En la misma se especifica que en la década de los 70-80, el Instituto gozó de una relativa bonanza económica; sin embargo, el tiempo, la manera de organizarlo y de gobernarlo han demostrado que, lejos de cumplir cabalmente con las funciones que le fueron encomendadas, ha sido convertido en un “aparato burocratizado, espoleado y saqueado al máximo, poniendo en alto riesgo la seguridad social de los derechohabientes”.
Se establece que la dependencia que el IPE tiene del Ejecutivo Estatal inicia con la designación de su director general, su forma de gobierno, integrado por un Consejo Directivo integrado por 13 miembros, de los cuales 7 representan al Gobernador en turno y 6 son dirigentes sindicales incrustados ahí desde los años 70.
Además, cuenta con un Comité Técnico encargado de administrar las finanzas del IPE, que constituye una réplica del Consejo Directivo con los mismos 7 representantes del Gobernador y 6 dirigentes de los sindicatos, en evidente duplicidad de funciones; un Consejo de Vigilancia, formado por los mismos dirigentes de los sindicatos; una absoluta discrecionalidad en el manejo de los recurso tanto financieros como inmobiliarios y una total falta de rendición de cuentas y de transparencia.
Por ello, la iniciativa establece que el artículo 67 quede de la siguiente manera “Conforme a esta Constitución y la ley, los Organismos Autónomos del Estado contarán con personalidad jurídica y patrimonio propios, tendrán autonomía técnica, presupuestal, de gestión y para emitir las reglas conforme a las cuales sistematizarán la información bajo su resguardo, y sólo podrán ser fiscalizados por el Congreso del Estado”.
Además, determina que el régimen de prestaciones de la seguridad social de los trabajadores de base y de confianza de los entes públicos constituidos por la administración pública centralizada y entidades paraestatales o paramunicipales, los poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos autónomos de la entidad, estará a cargo de un organismo público constitucionalmente autónomo denominado Instituto de Pensiones Autónomo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (IPAEV).
“El Instituto de Pensiones Autónomo del Estado de Veracruz (IPAEV), para el estricto cumplimiento de sus funciones y actividades, contará con autonomía presupuestal que estará determinada por las cuotas de los trabajadores activos y las aportaciones de los patrones, más el subsidio anual considerado del presupuesto General del Estado que podrá ser mayor pero nunca menor a lo correspondiente al autorizado al año anterior previsto para el ejercicio anual respectivo, y que deberá ministrarse conforme al calendario autorizado y en los términos que establezca la ley. Todo ello con la obligación del Estado como responsable y garante del sistema de seguridad social”, indica el documento.
La autonomía constitucional del Instituto de Pensiones del Estado se regirá por los siguientes principios: solidaridad, autonomía, eficiencia, legalidad, profesionalismo, responsabilidad, democracia, honestidad, así como respeto irrestricto a los derechos humanos.
