Se presentaron seis, pero tres no ratificaron
Por: Itzel Sandoval
Pese a que el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, José Manuel Pozos Castro, habría dicho que se han presentado siete solicitudes de juicio político contra el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, el secretario general del Congreso local, Domingo Bahena Corbalá, señaló que hasta el viernes pasado habían presentado seis, de las cuales sólo tres fueron ratificadas.
El Secretario destacó que las tres peticiones ratificadas fueron turnadas a las comisiones permanentes unidas de Gobernación y de Puntos Constitucionales, donde se resolverá si proceden o no.
Refirió que las peticiones ratificadas fueron las presentadas por Francisco Zárate Aviña, excoladorador del extitular de la Fiscalía General del Estado, Luis Ángel “N”; Iván Gidi Blanchet, director de la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA), y el abogado Jorge Reyes Peralta.
En tanto, las tres solicitudes que no fueron ratificadas fueron presentadas por la defensa de la exdelegada de la Policía Ministerial de la zona Centro-Xalapa, Carlota “N”, el abogado Jorge Reyes Peralta, y la Rodolfo de la Guardia García, abogado del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, Arturo “N”.
Sobre los plazos para que las Comisiones emitan un resultado, comentó que dependerá del trabajo que realicen los legisladores.
“La Comisión deberá determinar lo conducente de acuerdo a la Ley. Desconozco si se han reunido las Comisiones para atender el tema, nosotros lo que hacemos como Secretaría General es turnarlo al pleno cuando tenemos el procedimiento completo que es la denuncia y la ratificación”, comentó.
Es importante destacar que Francisco Zarate Aviña, excolaborador del Fiscal General del Estado, Luis Ángel “N”, denunció presunta desaparición forzada de parte de elementos ministeriales, quienes supuestamente lo obligaron a dar con el paradero del ex titular de la FGE.
El abogado Jorge Reyes Peralta, presentó la denuncia a nombre de su defendido Gilberto “N”, exdirector de la Policía Ministerial, al señalar que fue víctima de actos de tortura.
Mientras que ONEA acusó violación de los derechos humanos, y violaciones graves a la autonomía de la Fiscalía General.
