-Veracruz

Reformular el combate a las drogas, objetivo de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública

Expone que la prohibición de ciertos estupefacientes por parte del poder público es desde cualquier punto de vista insostenible


Por: Mario Rafael León

Reformular el combate a las drogas y levantar la prohibición de algunas sustancias ilegales como la mariguana son dos de los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Este jueves, el Diario Oficial de la Federación informa del Decreto por el que se aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que en el apartado reformular el combate a las drogas, expone que la prohibición de ciertos estupefacientes por parte del poder público es desde cualquier punto de vista insostenible.

Indica que la potestad del Estado para determinar qué sustancias pueden ser consumidas por los ciudadanos y cuáles no, carece de justificación moral y atenta contra los derechos de las personas al libre desarrollo de la personalidad y a su autodeterminación sin injerencia de las autoridades.

El documento refiere que las prohibiciones actuales son tan discrecionales y arbitrarias que se aplican a la cocaína, la mariguana, la heroína, las metanfetaminas y el ácido lisérgico, pero no afectan la producción y la comercialización de alcohol, tabaco, bebidas con contenido de taurina y cafeína y el consumo, regulado o no, de ciertos antidepresivos y somníferos.

Se precisa que el modelo prohibicionista criminaliza de manera inevitable a los consumidores, en la medida en que los empuja a la marginalidad social, los deja a merced de los vendedores, los impulsa a incorporarse al narcotráfico como sujetos activos, a delinquir para satisfacer su consumo de estupefacientes y los condena al uso de sustancias carentes de todo control de producción y de calidad agravando los problemas de salud.

Desde una perspectiva estrictamente económica, se expone que el negocio principal del narcotráfico no reside en traficar con estupefacientes sino en burlar la prohibición correspondiente, pues ésta representa diversas oportunidades para agregar valor a sus productos, muy por encima de los costos reales de cultivo/producción, transporte y comercialización.

También el paso de fronteras y puestos de control, los sobornos a policías, funcionarios y políticos, la conformación de cuerpos armados y de estructuras de inteligencia, comunicaciones y lavado de dinero, entre otras, explican el enorme diferencial entre los costos de producción de las drogas prohibidas y su precio en los mercados finales y; explican, también, los enormes márgenes de utilidad y rentabilidad que caracterizan al narcotráfico.

El Estado reconoce que la “guerra contra las drogas” ha generado una violencia ya intolerable y derivado en un problema de seguridad nacional, debido a que la presencia financiera, el poder de fuego, la capacidad operativa y la internacionalización de los cárteles, se ha incrementado de manera sostenida.

Ante tal panorama, se subraya que la alternativa inevitable es que el Estado renuncie a la pretensión de combatir las adicciones mediante la persecución de las sustancias que las generan.

Se plantea que México desempeña el papel de productor de mariguana, amapola y metanfetaminas como de territorio de tránsito de la cocaína sudamericana y mercado de diversas drogas, de allí que debe plantearse la idea de levantar la prohibición de algunas de ellas que actualmente son ilícitas.

No obstante, advierte que el combate al comercio y consumo de “cristal” tendrá la mayor prioridad como problema social de salud pública y de seguridad, dada la violencia que su consumo genera.

En la Estrategia Nacional se precisa que en una primera instancia, se mantendrá bajo control del consumo de drogas de mediante un seguimiento clínico y el suministro de dosis con prescripción para, en un segundo paso, ofrecerles tratamientos de desintoxicación personalizados.

Para el gobierno de la República es necesario cambiar de enfoque. La única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas, residen en reorientar de manera negociada y bilateral los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas masivos, pero personalizados de reinserción y desintoxicación.

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