El 60% del total de carpetas de investigación tienen señalamientos menores sin sustento alguno por lo cual no podrán avanzar
Por: Mario Rafael León
Alfredo Corona Lizárrraga, fiscal especializado anticorrupción, informó que durante 2019 se abrieron 948 carpetas de investigación por diversos actos de corrupción cometidos por servidores públicos; este número se sumó a las 753 que se encontraban en rezago desde años anteriores.
El funcionario refirió que el número de carpetas de investigación podría parecer elevado pero que muchas, aproximadamente el 60% de ellas, fueron abiertas por señalamientos menores que no tienen sustento alguno por lo cual no podrán ir más allá.
El servidor público dijo que en la administración anterior se hizo un manejo discrecional de las carpetas de investigación en contra de funcionarios y que por ello en algunos casos se presume que había protección.
No descartamos que en la era de Marcos Even Torres Zamudio se haya intentado proteger a exfuncionarios. Hemos advertido que hubo manejos un poco raros de algunas denuncias, algunas de las cuales avanzaban rápido y otras no con la finalidad de determinar el no ejercicio de la acción penal, con la finalidad de blindar a algunos servidores públicos de la administración pasada”, dijo.
El fiscal especializado anticorrupción informó que en enero próximo se judicializará un buen número de carpetas, sobre todo las relacionadas con servidores públicos cuyos nombres se darán a conocer una vez que se llegue a la instancia procesal adecuada.
“Ustedes podrán tener mayores elementos acerca de qué es lo que ha estado haciendo la fiscalía especializada anticorrupción en lo que se refiere a investigación y determinación con elementos fundados y motivados que nos permitan avanzar”, señaló.
Reitero que en este momento hay mil 701 denuncias, de las cuales el 60% no tienen fundamento y el 30% están relacionadas a actos de corrupción que pudieran estar relacionados con afectación a las finanzas públicas del Estado y municipios. El 10% restante de las denuncias, dijo, han sido presentadas con tintes políticos.
Alfredo Corona informó que el 60% de las denuncias que no avanzarán más allá por falta de fundamento tiene que ver con cambios de adscripción en la SEV o por la falta de pago de aguinaldos o salarios.
“El 30% de las denuncias que estimamos que sí procederán tiene que ver con la incorrecta utilización de los recursos públicos de las dependencias y ayuntamientos, esto se determina con trabajo realizado por peritos contables de la fiscalía conjuntamente con el Órgano de Fiscalización Superior”, señaló.
