Movimientos fuera del reglamento, adjudicaciones directas y falta de transparencia son constantes
Por: Oswaldo Ceballos
Xalapa, Ver. No se cumple el primer año de la llegada de Sofia Martínez Huerta a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura para acumular una gran cantidad de irregularidades y malos manejos lo cual contrarresta los fundamentos de las autoridades tanto Federales como Estatales en el combate directo a la corrupción en todos sus niveles.
OPERACIONES FUERA DE LA LEY
Una de las renuncias que misteriosamente se dieron y que más han hecho mella en el interior de toda la estructura es la del ex director de Administración del Tribunal de Conciliación y Arbitraje Carlos Lara, quien tenía toda la experiencia necesaria para conservar el cargo, sin embargo, se hizo a un lado de la dirección al no querer ser partícipe de las irregularidades que se estaban gestando en el interior de la administración del Poder Judicial.
En complicidad, tanto la subdirectora de Recursos Materiales, Mónica Morales Silva y el contralor, Hernán García Sobrevilla; presionaron para que Carlos Lara dejara el cargo que ostentaba por los tantos malos manejos que efectuaban. Mónica, cabe mencionar, es otra de las personas muy allegadas a César Díaz Martínez, otro de los hijos de la Magistrada Presidenta.
Para detallar lo anterior, se encuentra la compra de equipo de bienes informáticos (toners) por un monto de seis millones de pesos, adquisición que coincide misteriosamente con la renuncia de Carlos Lara en el mes de abril del 2020; esto, con la finalidad de acomodar más sus piezas para que Hernán García se convirtiese en su momento en el nuevo de director de Administración y así Mónica Morales fuera el conducto para gestionar todo lo que César Díaz Martínez deseara.
Sin embargo, sus operaciones se han caracterizado por estar desfasadas, fuera de tiempo y alejadas de la Ley, Normatividad y Reglamentación vigentes en materia de Adquisiciones, la extraña urgencia por realizar la compra de toners por seis millones de pesos es prueba de la desesperación por realizar un movimiento que a alguien le habría de beneficiar económicamente.
Y es que, en este tema específico, la adjudicación fue directa al igual que hasta hoy, en la totalidad de las adquisiciones que se han realizado durante este año en el Poder Judicial del Estado, ejerciendo a la fecha en gasto corriente un monto superior a los 26 millones de pesos a favor de un personaje cercano a Mónica Morales, radicado en la ciudad de Álamo, Veracruz.
La construcción de la Ciudad Judicial ubicada en Cardel está llena de irregularidades, hay que recordar que se abrió la convocatoria para los interesados en participar y de los más de 30 que acudieron, redujeron la lista en solamente siete empresas provocando la inconformidad ya que el mismo Poder Judicial no proporcionó el padrón de proveedores para que las empresas pudieran concursar equitativamente.
Adicionalmente, se contrató sin justificación a una empresa cuya oferta económica fue la segunda más alta del “concurso”, ¿adivinen de dónde? de Álamo, Veracruz. A la fecha esta empresa lleva un avance de obra físico de 4% sin embargo, ha recibido un sobre pago de 1.4 millones de pesos.
En materia de Obra Pública, este no es el único proceso lleno de irregularidades, se cuenta con al menos 15 obras de menor envergadura con un presupuesto asignado superior a los 4 millones de pesos, todas y cada una de ellas con retrasos considerables en su ejecución, a pesar de que las empresas designadas directamente recibieron en tiempo y forma los respectivos anticipos de obra.
EL VIRUS DE LA CORRUPCIÓN
Uno de los puntos que más exponen las graves faltas en las cuales recurren en el interior del Poder Judicial es justamente el “manejo” para la desinfección ante la pandemia por Coronavirus.
El Poder Judicial lo hizo con un precio seis veces más elevado del valor de mercado, y no solo eso, se ha intentado encontrar documentos en los que conste que la persona contratada se dedique a este rubro, no ha habido éxito ya que no hay registro de su número de licencia sanitaria o su alta ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).
En este caso, la subdirectora de Recursos Materiales, Mónica Morales Silva y su mano derecha en el Departamento de Adquisiciones, Alberto Tejeda; presionaron a la Dirección de Administración, a cargo en ese entonces de Hernán García Sobrevilla para que diera el visto bueno y firmara los documentos a conveniencia.
Hay que agregar la compra (a sobre precio) de líquido desinfectante que al final de cuentas resultó ser agua con cloro para limpiar la infraestructura.
Uno de sus graves errores ha sido dejar a un lado al Consejo de la Judicatura que se trata del Órgano interno de mayor jerarquía y ante el cual por reglamento se debe someter todo ejercicio presupuestal, incurriendo en realizar los procesos sin una asamblea del pleno de este Consejo que autorizara los procedimientos y montos a ejercer, tal como verificamos para esta investigación, en el portal de Transparencia del Poder Judicial
Así, Hernán García tuvo que abandonar el puesto, por presiones del grupo en el poder, pero aquí sucede algo curioso, ahora tiene el cargo de Director de Auditoria, Control y Evaluación dentro de la Contraloría, por lo que él mismo se encargó de revisar las operaciones que había realizado en su anterior encomienda convirtiéndose en juez y parte… increíble.
Como dato adicional, se recuerda que en los momentos cuando Hernán García hacía funciones de Director de Administración, la titular de la Contraloría fue María José Cortés Virués de quien pesaba el hecho de no contar con una edad apta para el desarrollo del cargo y la dudosa procedencia de su título, a pesar de esas inconsistencias y para calmar los ánimos fue premiada como Secretaria Técnica del Fondo Auxiliar del Consejo de la Judicatura.
ANOMALÍAS DETECTADAS
• Movimientos entre capítulos sin autorización del Consejo de la Judicatura.
• Contratos de servicio de vigilancia, desinfección, agua purificada, material de limpieza, equipo médico, seguro de vida, construcción de la ciudad judicial de Cardel, no cuentan con acta del pleno.
• Adjudicación directa para la compra de materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos por 6.1 millones de pesos que no se encuentran justificados por la Ley.
• Contrato de desinfección por cuatro millones de pesos adjudicado a una persona física, con el rubro de construcción y sin experiencia en el ramo, entregando documentación falsificada del producto, con licencia sanitaria a nombre de otra persona, con un costo aumentado cuatro veces más de lo normal.
• Inconsistencias en la contratación de servicios de impresión y fotocopiado.
• Compra de material de limpieza por 1.6 millones de pesos tratando de justificarlo por la pandemia, esta compra se encuentra en el programa anual de adquisiciones.
• Contratos de adquisición de material de limpieza sin suficiencia presupuestal por 7.2 millones de pesos.
NEPOTISMO
Al poco tiempo de llegar Sofia Martínez Huerta, diversos elementos dentro de la estructura interna del Poder Judicial fueron obligados a presentar sus renuncias para que los hijos de la Magistrada Presidenta pudiesen destinar a sus allegados el mayor número de puestos posibles y ocupar cargos estratégicos para un control arbitrario sin importar que esta “gente de confianza” no tenga el perfil o la capacidad para desempeñar el cargo.
Un ejemplo es la pareja de su hijo menor Guillermo Díaz Martínez, Mayra Angelica Martínez Juárez quien se quedó con el puesto de Secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura en donde los señalamientos son insistentes sobre que ella no cuenta con la capacidad profesional para el cargo ya que se conduce con una falta de respeto constante hacia sus colaboradores y ante cualquier queja siempre sale a relucir la “relación” que tiene con la Magistrada Presidenta.
Esta es la primera de dos partes, tendremos más datos sobre esta investigación que demuestran la corruptela que invade el Poder Judicial del estado de Veracruz hasta el día de hoy.
