Morena: terminar con la pobreza por decreto
Por: Rafael Pérez Cárdenas
El Presidente López Obrador y su partido en el Congreso han decidido elevar a rango constitucional los programas asistenciales de este sexenio –el mote de la cuarta transformación ya es una vacilada-. Es decir, pretenden terminar con la pobreza por decreto.
En el inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso federal, el grupo parlamentario de Morena ha sido muy enfático en que su prioridad será legislar para reformar el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con ello elevar a rango constitucional la política social del Gobierno Federal.
Ello permitirá que la pensión para adultos mayores, la beca universal para jóvenes en preparatoria y la pensión para personas con discapacidad –entre otros- se conviertan en derechos sociales permanentes y exigibles, y así, garantizar que los apoyos lleguen a la población más vulnerable de México.
Suena bien, sin embargo, elevar a rango constitucional la política social no es más que un acto de propaganda política. La Constitución no garantiza que exista el presupuesto suficiente, la infraestructura necesaria y que las instituciones trabajen adecuadamente, por lo que sólo se sumarán buenos deseos a nuestra Carta Marga como una muestra más de egolatría política.
La prueba más contundente del embuste es que el propio artículo 4° de la Constitución ya tutela tres derechos fundamentales: el derecho a la protección de la salud; a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; y al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
Es cierto que por estar en la Constitución, estos deberes del Estado mexicano son permanentes y exigibles; basta decir, por ejemplo, que un ciudadano común puede ampararse en caso de que el gobierno no se los garantice. Pero la realidad es otra. La mayor parte de los mexicanos no tienen acceso a estos tres derechos universales. ¿No habría que garantizarlos primero antes que poner otros nuevos en la Constitución?
El caso del derecho a la protección de salud es quizá el más emblemático. Es común ver hospitales que se caen a pedazos, madres que dan a luz en los pasillos y jardines de un nosocomio, familias que deambulan en protesta por la falta de medicinas, carencia de doctores y especialistas para un servicio médico de calidad. El derecho consagrado en la Constitución nomás no existe, es letra muerta.
Se supone que para eso crearon el Insabi, sin embargo, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) publicó un documento donde señala que el Instituto necesitaría hasta 900 mil millones de pesos para cumplir la promesa de atender de manera gratuita todas las enfermedades de toda la población, sin ningún costo de recuperación.
Durante su primer año de operaciones, el Insabi contará sólo con 112 mil millones de pesos, debiendo atender una población mayor que la que atienden en el IMSS. El presupuesto del Seguro Popular el año pasado 2019 fue de 151 mil millones de pesos. Así que el derecho a la salud denlo por descontado.
El derecho a un medio ambiente sano y el acceso al agua potable limpia y suficiente son tal vez las mentiras más grandes de la Constitución. México atraviesa por la mayor crisis socio-ambiental de su historia, y de manera particular en materia hídrica, donde el daño a la salud se ha agravado y esparcido por todo el territorio nacional.
El 70 por ciento del agua dulce que tiene el país está concentrado en tan sólo 7 grandes concesionarios y corporaciones trasnacionales, provocando con ello que numerosas poblaciones estén bajo profundo estrés hídrico y proliferado conflictos sociales. En esas condiciones, el sistema hídrico es incapaz de garantizar los derechos humanos y proteger la integridad de los ecosistemas acuáticos, asegura un informe del Centro Regional de Investigación Multidisciplinario (CRIM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Los gobiernos –incluido el actual- poco han hecho por resolver estos problemas y tutelar los derechos constitucionales. Hoy se pretende aumentar la lista de buenos deseos; y lo más grave es que se confunden derechos universales con programas sociales. Sólo porque la Constitución lo dice, no dejará de haber pobres en el país.
Morena impulsará el asistencialismo –y no el desarrollo humano- como una garantía individual de la Carta Magna. Con ello, el Estado estará obligado a subsidiar la pobreza, nunca a resolverla. ¿De dónde sacarán tanto dinero?
Una vez más, la cuarta transformación hace el mismo gatopardismo de los gobiernos anteriores; cambiar todo para que todo siga igual.
Las del estribo…
- Para muina de sus malquerientes, Héctor Yunes sigue siendo el priista veracruzano más influyente en su partido y en la política nacional. Ayer en el matutino de Televisa debatió con los coordinadores parlamentarios de Morena, Mario Delgado, y del PAN, Juan Carlos Romero Hicks sobre la agenda legislativa de la Cámara de Diputados. Hace unos días, llegó al Consejo Político Nacional del PRI junto a Alejandro Moreno y René Juárez. Ahí nomás para que tomen apunte.
- El tema de financiamiento de los partidos políticos entra en calor. Con lo que costó la cancelación del aeropuerto de Texcoco se hubiera podido financiar a los partidos políticos durante 50 años; López Obrador vivió del financiamiento público por 20 años; por supuesto que el gasto en partidos es mucho y se podría ocupar en otras cosas. Pero si se elimina, el dinero del narco y las empresas que trafican contratos y favores está listo para financiar campañas.
