Huerta: ¿aquí no pasa nada?
Por: Raymundo Jiménez
Cuestionado en su conferencia mañanera del martes pasado sobre denuncias contra delegados federales en varios estados que han sido acusados de haber desviado recursos públicos en el actual proceso interno de MORENA, el presidente López Obrador comentó que el día anterior se había reunido con ellos «para decirles que lo más importante es que representemos al gobierno con dignidad, esto es cero corrupciones, no permitir ningún acto de corrupción, trátese de quien se trate.»
El mandatario dijo, además, que previamente había hecho también la misma advertencia a sus colaboradores: «Estoy recordando constantemente, tuve una reunión hace unos días con todo el Gabinete y el recordatorio: cuidado, cero corrupciones, cuidado con los colaboradores, nada de impunidad, trátese de quien se trate, hasta de familiares, porque si hay autoridad moral hay autoridad política».
Uno de los delegados federales que está cumpliendo al pie de la letra la instrucción presidencial es Alejandro Ruiz Uribe, de Baja California Norte, quien no ha hecho mutis ni se ha tapado los ojos ante el escandalazo que a solo un mes de haber iniciado funciones enfrenta actualmente el nuevo gobierno estatal de MORENA por el presunto cobro de «moches», un caso tan grave que tras la filtración en redes sociales de mensajes y presuntas grabaciones, la titular de la Secretaría de Integración y Bienestar Social, Cynthia Gissel García Soberanes, fue hospitalizada en estado de coma, mientras que el Oficial Mayor del Gobierno del Estado, Jesús Núñez Camacho, tuvo que separarse temporalmente de su cargo para enfrentar la denuncia presentada ante la Secretaría de Honestidad y Función Pública.
Ruiz Uribe, inclusive, declaró que él le avisó oportunamente al secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, sobre la presunta corrupción de funcionarios estatales de primer nivel, pero que el titular de la SEGOB no actuó, por lo que tuvo que notificarle directamente al gobernador Jaime Bonilla sobre el presunto cobro de moches de más de 20 millones de pesos por asignar jugosos contratos.
«Yo le notifiqué personalmente (a Rodríguez Lozano), le informé porque en unos chats que me enseñaron estaba mencionado el secretario de Gobierno, le dije que recibiera (al denunciante) y lo recibió pero para maltratarlo, nunca (puso una denuncia)», dijo el delegado federal bajacaliforniano, quien detalló que la investigación de los «moches» comenzó desde septiembre cuando, en un retén militar, soldados descubrieron a un colaborador de la ex secretaria de Integración y Bienestar Social transportando 2 millones de pesos, así como decenas de miles de dólares, en un vehículo.
«Me enteré exactamente un día después de la toma de protesta (de Bonilla), aun así esperé uno o dos días después de verificar con la Policía Federal», relató.
