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Legal, la designación de fiscal anticorrupción Marcos Even Torres

La convocatoria para la elección establecía que la Comisión definiría cómo proceder


Por: Mario Rafael León

 El nombramiento del fiscal especializado anticorrupción no podía definirse de acuerdo a caprichos políticos y, como se acordó con las fracciones parlamentarias hace meses, se instaló en su totalidad el Sistema Estatal Anticorrupción en Veracruz, informó Sergio Hernández Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

“La elección efectuada ayer es un acto de responsabilidad y congruencia que mostraron los legisladores del PAN, PRD, Nueva Alianza e independientes. En un acto de legalidad y debido a que diputados de Morena tomaron la Mesa Directiva, se instaló la presidencia al interior del recinto con Eva Cadena Sandoval como secretaria y en calidad de vicepresidente el diputado Nicolás de la Cruz de la Cruz”, dijo.

Recordó que el nombramiento del fiscal anticorrupción se aprobó con 27 votos a favor, luego de que la Comisión de Procuración de Justicia tras dos desacuerdos en la votación decidió someter a votación la propuesta con mayor número de votos que fue Marcos Even Torres.

El legislador panista explicó que la misma convocatoria aprobada por unanimidad entre las fracciones legislativas definía que en caso de no alcanzar la mayoría calificada, la Comisión decidía qué hacer al respecto.

Respecto del procedimiento efectuado para nombrar al mencionado fiscal afirmó que los párrafos sexto y séptimo de la fracción primera del artículo 67 de la Constitución, establecen que el procedimiento para designar al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción será mediante convocatoria pública, nombrado por las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso.

Recordó que la convocatoria publicada el 5 de enero de 2018 en la Gaceta Oficial del Estado, establece en sus bases tercera, cuarta y sexta que será competencia de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia recibir las propuestas, sustanciar y resolver lo no previsto durante el procedimiento de designación.

“Es así que una vez agotado el procedimiento que ya hemos reseñado y presentadas y votadas dos ternas, sin que alcanzaran la votación calificada, se procedió con fundamento en la base sexta de la convocatoria, a presentar un nuevo dictamen proponiendo al aspirante con la más alta votación en la ternas previamente votadas, ya que sería absurdo someter al pleno una multiplicidad de combinaciones que podrían ser infinitas y nunca alcanzar la mayoría calificada”, dijo.

Indicó que la Constitución establece una regla de excepción para cuando no se alcanza una votación calificada; es decir, para cuando los diputados no se ponen de acuerdo. Esa regla de excepción nos remite a la convocatoria que haya aprobado el Congreso, misma que en su base sexta facultó por unanimidad a la Comisión Permanente de Procuración de Justicia como órgano auxiliar del pleno a resolver lo no previsto en el procedimiento de designación del Fiscal Anticorrupción, de ahí que la resolución fue proponer al pleno el nombramiento de la persona que resultó más votada en los tres momentos de votación.

“No queremos dejar de lado que la posición violenta que asumieron las diputadas y diputados de Morena, atentando contra la mesa directiva, pretendiendo impedir el desarrollo de la sesión, nos orilló a tomar medidas para desahogar el nombramiento el fiscal, siempre apegados a derecho. Lamentamos que asistentes incitados por los diputados de Morena, PRI y Juntos por Veracruz hayan agredido verbal y físicamente a diputados aquí presentes y al recién nombrado fiscal anticorrupción”, aseguró.

El proceso fue en todo momento apegado a derecho, con respeto a la Constitución, a la Ley Orgánica de la Fiscalía y a la convocatoria aprobada por el pleno, debiendo significar que todo el paquete de reformas anticorrupción tanto constitucional como leyes secundarias fueron presentadas y aprobadas por unanimidad; es decir, por todas las fuerzas políticas, incluida la convocatoria, en consecuencia fue un compromiso que desde 2017 asumió el pleno en su totalidad y que nopodía evadir por presiones políticas.

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