Revisará el miércoles próximo las sanciones ordenadas por el Tribunal Electoral contra el gobernador por las anomalías detectadas en la recolección de firmas para su campaña presidencial
El proceso se ha demorado un año y el Congreso estatal busca el camino legal para castigar que haya utilizado recursos públicos para recabar apoyos de ciudadanos a su candidatura presidencial, sin que siquiera sea claro si debe ser multado, desaforado o destituido.
Desde el 21 de junio de 2018, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) concluyó que Rodríguez Calderón y González utilizaron a poco más de 500 servidores públicos para recolectar apoyos ciudadanos en días y horas laborales, entre otras anomalías, por lo que los multaron con 739 mil pesos, pero también los magistrados dieron vista al Congreso estatal para establecer las sanciones.
La sentencia se desprende del recurso promovido por el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García.
Sin embargo, el Congreso local incumplió la orden y el 25 de julio pasado la Sala Especializada emitió un incidente de incumplimiento de sentencia y pidió a los legisladores castigar al mandatario y al secretario general de Gobierno en un plazo no mayor al 20 de diciembre del presente año: “El Congreso del Estado de Nuevo León no ha cumplido la sentencia dictada en el SRE-PSC-153/2018.
Se vincula a la Comisión Anticorrupción y a quien la presida, al Pleno, así como a la o el presidente del Congreso del estado para que cumplan con la sentencia del 21 de junio de 2018 en los términos en que se precisa en esta resolución”, determinó la sala.
La defensa Tanto Jaime Rodríguez como Manuel González han emprendido sus defensas legales para evitar ser sancionados por el Legislativo, recordando que será desde una multa económica hasta la destitución de los cargos.
El Bronco interpuso un recurso de queja contra los magistrados de la Sala Especializada, al considerar que violentaron su derecho de audiencia, el caso fue interpuesto ante la Sala Superior que acaba de reencauzarlo como recurso de reconsideración y no como asunto general.
En tanto, Manuel González, además de la queja, promovió dos amparos que ya le fueron negados, el primero para evitar un juicio político y el segundo para evitar que los diputados lo sancionen.
Pese a todas las impugnaciones, los diputados locales emplazaron el asunto de la sanción y no se sabe cuándo lo retomen, menos cuál será la decisión que finalmente tomarán.
Fuente: Milenio
