El préstamo de fin de año: polémico pero necesario
Por: Álvaro Belin Andrade
Es posible que la diputada federal morenista Claudia Tello Espinoza, quien entró por default al Congreso de la Unión por la revocación de su constancia de mayoría a la actual directora general del IPE, Daniela Griego, tenga un poco de razón al señalar, desde la comodidad de su curul, que el préstamo tramitado por el gobierno estatal pudo haberse evitado si se apretaba el cinturón aún más.
Pone de ejemplo al gobierno federal que, según sus datos, no ha solicitado empréstitos, y sugiere dos posibles vías para abatir un déficit fiscal del orden de los 6 mil millones de pesos que el gobierno veracruzano arrastra hace varios años:
Una, la más socorrida desde la seguridad de sus dietas, correr a cientos de burócratas, y dos, bajarle a ciertos lujos en que incurren los funcionarios estatales, como contar con vehículos para moverse por un estado que uno supone que ella no ha recorrido.
En efecto, para hacer frente a las necesidades que implican las obligaciones laborales de fin de año (salarios, pensiones y aguinaldos), el gobierno de Veracruz obtuvo un crédito por 2 mil 400 millones de pesos que, para los efectos de deuda, sería liquidado en el término de un año, como ocurrió con el que tuvo que contratarse a finales de 2018, cuando Miguel Ángel Yunes Linares no le dejó un solo billete en caja.
Dicha operación se ha repetido en los últimos gobiernos estatales, desde Fidel Herrera. A lo mejor lo que no sabe la legisladora es que Yunes Linares pidió en 2017 4 mil 300 millones de pesos; que en 2018, el actual gobierno pidió un préstamo por 2 mil 500 millones, que ya se pagó, y ahora la cifra ha bajado a 2 mil 400 millones.
¿Por qué seguir arrastrando un déficit presupuestal año con año? Muy fácil: todos los gobiernos anteriores imaginaron ingresos que no eran reales, pero programaron sus egresos con base en esa cifra.
Echar atrás esa tendencia no se puede hacer con la candidez con que lo expresó la diputada por Xalapa. El déficit ha ido creciendo conforme han aumentado los intereses de la deuda pública de Veracruz, calculada en más de 40 mil millones de pesos.
