Por su parte, los opositores Partido Popular (PP, conservador) y Vox (extrema derecha) reivindicaron los cuidados paliativos como alternativa a la eutanasia.
Sin embargo, otras fuerzas de la cámara subrayaron que esos cuidados no bastan, aseguraron que 80 por ciento de la sociedad está a favor en las encuestas de regular la eutanasia y se decantaron por una ley garantista para que la ayuda médica a morir en un centro sanitario o en el domicilio deje de ser ilegal, tras un proceso deliberativo y con el control de una comisión especifica.
La exministra de Sanidad y diputada socialista María Luisa Carcedo quiso dejar claro que el Estado “ni impone ni obliga”, pues queda como una decisión autónoma del paciente.
Defendió que el proyecto legislativo avanza en derechos civiles; piensa en la “condición humana”, que es vida, pero también enfermedad, padecimiento y muerte; y habla de “humanidad, empatía y compasión”.
“Hoy nadie pierde ningún derecho, todos avanzamos un poquito más en nuestra libertad”, opinó la líder de Ciudadanos (librales), Inés Arrimadas.
Pero según el PP, el principal partido de la oposición, esta ley es “una derrota para todos, un fracaso del sistema sanitario y de la sociedad”, cuando la respuesta ante el sufrimiento de los vulnerables debería ser “no abandonar nunca a los que sufren, no rendirse y dar cuidado, compañía, consuelo, amor y esperanza”, dijo el parlamentaria conservador José Ignacio Echániz.
Reprochó que se despenalice la eutanasia en el año de la pandemia, en el que la sociedad ha contraído una deuda con las personas mayores y los sanitarios, y defendió un sistema de cuidados paliativos personalizados y avanzados como alternativa a una ley “injusta, inoportuna, chapucera e inconstitucional”.
La diputada de Vox, Lourdes Méndez, denunció que la ley supone una “tragedia para España” porque es “despiadada, injusta e ilegítima”, “eugenésica y criminal”, quebranta el derecho a la vida y “obliga al Estado a matar”.
A favor y en contra
Miembros de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) celebraron a las puertas del Congreso la aprobación del proyecto legislativo, una iniciativa por la que, según recordaron, llevan luchando 36 años.
Entre las personas concentradas figuraba Ángel Hernández, imputado judicialmente por ayudar en 2019 a morir a su mujer, María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple.
También recordaron a Ramón Sampedro, un tetrapléjico que murió el 12 de enero de 1998 tras ingerir un preparado de cianuro que le había proporcionado una mujer, Ramona Maneiro, según reconoció esta en 2005. Su caso, de gran impacto mediático y social, fue llevado al cine por el director español Alejandro Amenábar en la película “Mar adentro”.
Sin embargo, la Iglesia católica y grupos conservadores provida se han manifestado repetidamente contra esta ley.
“La muerte provocada no puede ser un atajo que nos permita ahorrar recursos humanos y económicos en los cuidados paliativos y el acompañamiento integral. Por el contrario, frente a la muerte como solución, es preciso invertir en los cuidados y cercanía que todos necesitamos en la etapa final de esta vida”, indicó la Conferencia Episcopal española en un comunicado días atrás.
Lamentó que se instaure “una ruptura moral” en los fines del Estado, que pasa “de defender al vida a ser responsable de la muerte infringida”.
Fuente: López-Dóriga Digital
