Reforma a la Constitución local no es suficiente
Por: Itzel Sandoval
La diputada presidenta de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, Mónica Robles Barajas, señaló que se buscará modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para establecer las causas graves que permitan la remoción de Jorge Winckler Ortiz.
“Lo que hace falta es modificar la ley orgánica de la Fiscalía para que se establezca cuáles son las causales graves que pudieran provocar la remoción del titular. Nosotros somos quienes tenemos que modificar la ley orgánica y establecer esas causas”, dijo.
La legisladora indicó que se trabaja en la posible modificación que se hará a la Ley Orgánica y con la cual se podría lograr la destitución del abogado de los veracruzanos.
“Estamos trabajando en la comisión viendo cuáles son las causas graves establecidas en la Constitución Federal y en otras Constituciones de los estados e incluso a nivel internacional para poder determinar el marco jurídico que dé certeza a este procedimiento”, expuso.
Ello, ya que reconoció que la reforma realizada a la Constitución local y con la cual se estableció que el Congreso del Estado podrá designar y destituir al titular de la Fiscalía General del Estado, no se realizó en función de Winckler Ortiz.
“Ninguna ley es retroactiva cuando se trata de un derecho, pero no cuando hay un mal desempeño del funcionario, esta modificación no se hace en función del fiscal actual, es un vacío que tendremos que atender, independientemente de si vaya a utilizar el procedimiento o no”, manifestó.
Por otra parte, aseguró que mañana la comisión que preside se reunirá para realizar los dictámenes de las primeras dos solicitudes de juicio político contra el titular de la FGE, siendo éstas la de Iván Gidi Blanchet, director de la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA), y el abogado Jorge Reyes Peralta.
“Esa es la idea, es la intención, de que nosotros podamos someter al pleno los dos dictámenes, el jueves durante la sesión se sabrá si las solicitudes se pasan a la comisión instructora o no”, expresó.
Respecto a un posible retraso en el proceso, recordó que se aplicó una ampliación para la dictaminación, ya que es una facultad con la que cuentan los legisladores para llevar a cabo el mismo.
Detalló que mientras las solicitudes no sean resueltas el Fiscal puede continuar con su labor, “él presentó un amparo que hasta donde yo sé no se lo han recibido, todavía habrá que ver si se lo reciben y se otorga, pero es contra el decreto que modificó, pero el juicio político es en el que el Congreso tiene la facultad de determinar si hay elementos para realizar una investigación, donde hay una afectación política, es decir del trabajo, de la función de quien está a cargo del despacho en este caso es contra el Fiscal”.
