La resolución podría ser un precedente que permita a la sociedad conocer y participar en investigaciones por posibles hechos de corrupción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá esta semana si atrae la revisión de un amparo relacionado con la investigación abierta por posibles hechos de corrupción detrás de la sentencia de nueve años de prisión negociada entre el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y la Procuraduría General de la República (PGR), en el sexenio pasado.
Se trata de un amparo que un juez federal concedió en junio pasado a la organización civil TOJIL para que se le permita acceder y participar en dicha indagatoria, tras reconocer su papel de víctimas en esta investigación, lo que es un hecho inédito en casos de corrupción en México.
No obstante, la Fiscalía General de la República (antes PGR) interpuso un recurso de revisión en contra de esta resolución, por lo que el caso está ahora en manos de la Corte.
La investigación penal por las posibles anomalías en la sentencia dictada en contra de Javier Duarte se inició luego de una denuncia penal presentada precisamente por TOJIL en contra de los funcionarios de la PGR que participaron en la negociación de la condena reducida con el exgobernador y sus abogados.
No obstante, aun y cuando presentaron esa denuncia, la ley le impide a TOJIL aportar pruebas o revisar el expediente a menos que se les reconozca oficialmente como víctimas en este caso, y no solo como denunciantes.
Para Adriana Greaves, cofundadora de TOJIL, no existe duda de que el caso tiene la trascendencia necesaria para ser de interés de la Corte no solo por tratarse de posibles anomalías en un proceso abierto en contra de un personaje ampliamente conocido como Javier Duarte, sino porque esto podría marcar un parteaguas en los procesos de justicia y combate a la corrupción en México.
“Muchas de las fallas en el combate a la corrupción en México se deben a la incapacidad institucional de investigar de manera correcta redes de corrupción. Entonces es vital que la sociedad civil pueda acompañar a la Fiscalía para subsanar las deficiencias e incluso hacer una investigación paralela para presentar pruebas que sean suficientes” dijo Greaves.
La determinación sobre la admisión o no de la revisión de este amparo será tomada por la Primera Sala de la Corte en la sesión programada para el próximo miércoles 16 de octubre.
La abogada y también cofundadora de la organización, Estefanía Medina Ruvalcaba, explicó que si la Corte determina que el caso tiene los méritos suficientes para ser atraído, entonces será un ministro de la primera Sala el responsable de estudiar y elaborar un proyecto que confirme o revoque la sentencia que ya interpuso un juez previamente.
Si la Primera Sala de la SCJN decidiera no atraer el caso será entonces un Tribunal Colegiado el responsable de revisar el amparo.
Duarte permanece actualmente preso por la sentencia de nueve años de prisión que se le impuso tras declararse culpable en el caso federal de lavado de dinero y asociación delictuosa.
Fuente: Animal Político
