Se ausentó 30 días, hizo uso del tráfico de influencias y no cuenta con certificados
Por: Itzel Sandoval
El pleno del Congreso local removió a Marcos Even Torres Zamudio del cargo de Fiscal Especializado en materia Anticorrupción, por lo que se nombró a José Alfredo Corona Lizárraga como encargado de despacho.
La remoción se hizo a petición de la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, quien remitió la documentación al Congreso local en la que estableció diversas irregularidades cometidas por Torres Zamudio, se aprobó con 36 votos a favor y 10 en contra la destitución del mismo.
Durante la sesión extraordinaria se leyó la documentación en la que se establece que Torres Zamudio se ausentó de su cargo por más de 30 días, argumentando el temor a ser privado de su libertad ante la presencia de órdenes de aprehensión en su contra.
Se explicó que se cuenta con la comunicación de la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado al Congreso del Estado, a través de la cual se informó la ausencia de Marcos Even Torres Zamudio, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, del 4 de septiembre al 3 de octubre.
A la documentación enviada por la encargada de despacho al Congreso local se adjuntó el oficio FGE/FECC/SE/1005/2019, con fecha del pasado 30 de septiembre, y el cual fue signado por Torres Zamudio, manifestó su imposibilidad de poder realizar las funciones propias de su encargo “por temor a ser privado de su libertad ante la presunta existencia de diversas órdenes de aprehensión, por motivo de determinaciones de ejercicio de la acción penal que presume haber sido instituidas en su contra”.
Se determinó que Torres Zamudio no cuenta con los exámenes de control y confianza que se requieren para que permanezca en el cargo y los cuales deben ser otorgados por las autoridades federales.
El exfiscal anticorrupción habría cometido tráfico de influencias, ya que con el apoyo del exfiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, solicitó su certificación por el propio organismo procurador de justicia local.
La FGE tuvo por justificados los elementos del infractor. No ha sido evaluado por las autoridades competentes, su cargo está contemplado dentro de la clasificación de alto mando, el fiscal anticorrupción no se encuentra exento de realizar el proceso de control y confianza, los cuales deben realizarse en los centros federales, por tanto el centro de la FGE no es el adecuado para llevar a cabo este proceso y su evaluación carece de validez”, indicó la justificación de la remoción
